La persistencia de la violencia de género y la evasión de la justicia marcaron la pauta en el Juzgado de Garantía, donde el fiscal Sebastián González Marín formalizó a un sujeto por dos delitos de lesiones menos graves en contexto de Violencia Intrafamiliar (VIF). El imputado no solo era buscado por ataques recientes, sino que mantenía procesos suspendidos desde hace diez años, periodo en el que logró eludir la acción de los tribunales.

Los antecedentes expuestos por la fiscalía revelan un patrón de conducta violenta que se desplazó por distintas localidades de la región, persiguiendo a la víctima incluso después de terminada la relación de convivencia.

Cronología del terror: Los hechos de 2024

La formalización detalló dos episodios específicos que dan cuenta de la peligrosidad del agresor:

1. Punta Arenas (Julio 2024): En un domicilio de calle Santa Juana, el sujeto inició una discusión que escaló rápidamente a la agresión física. Según el relato fiscal, el hombre tomó del cuello a su pareja con la intención de asfixiarla, provocando que esta cayera al suelo, donde debió forcejear para salvar su vida mientras recibía una serie de golpes.

2. Puerto Natales (Meses después): Ya con el vínculo de convivencia roto, el sujeto ubicó a la mujer en la capital de Última Esperanza. Allí la atacó con golpes de puño en el rostro y la arrastró del cabello. En un acto de especial degradación, la dejó desnuda en la vía pública, expuesta tras la golpiza.

Medidas cautelares y plazo de investigación

Tras ser capturado por personal policial en Puerto Natales debido a sus órdenes vigentes, el sujeto enfrentó finalmente a la justicia.

• Medidas impuestas: El tribunal decretó la prohibición absoluta de acercarse a la víctima, así como a los domicilios donde ocurrieron los ataques.

• Plazo: Se fijaron 60 días para el cierre de la investigación.

• Historial pendiente: Además de estos cargos, el tribunal revisará causas que datan de 2016, las cuales habían quedado en pausa debido a la constante evasión del sujeto.

Nota de redacción: Por razones legales y para garantizar la seguridad y privacidad de la víctima, la identidad del agresor se mantiene en reserva.

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