El despliegue policial estuvo a cargo de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) y peritos del Laboratorio de Criminalística (Lacrim), quienes trabajaron en el sitio del suceso para levantar evidencia científica. El caso reabre el debate sobre la seguridad en barrios residenciales y la efectividad de las retenciones realizadas por civiles ante la flagrancia de delitos.
El ilícito se registró durante la jornada dominical bajo la modalidad de "robo en bienes nacionales de uso público":
Modus Operandi: El grupo de delincuentes seleccionó un vehículo estacionado en la vía pública, procediendo a quebrar uno de sus vidrios laterales para acceder al interior.
Especie Sustraída: Se reportó el robo de un iPad, cuya valoración comercial alcanza los $1.350.000.
Armamento: Al momento de la detención, los detectives incautaron un machete, elemento que agrava la peligrosidad del grupo delictual que operaba en el sector.
El subprefecto Gerardo Álvarez, jefe de la BIRO Punta Arenas, confirmó que el trabajo pericial fue determinante para el éxito de la audiencia:
Recuperación de Especie: El equipo tecnológico fue hallado en poder de los involucrados y devuelto a su dueño.
Peritaje de Vestimenta: Se incautó la ropa del detenido, la cual coincidía con las descripciones de los testigos y permitió a los peritos posicionarlo de forma precisa en el lugar del robo.
Constatación de Lesiones: Debido a que fue retenido por civiles, el menor fue trasladado a un centro asistencial para verificar su estado de salud antes de ser ingresado al calabozo.
Ayer, durante la audiencia en el Juzgado de Garantía, la defensa del adolescente intentó impugnar la legalidad de la detención, argumentando supuestos vicios en la obtención de información. Sin embargo, el juez desestimó los cuestionamientos:
Legalidad: El tribunal validó el procedimiento, estableciendo que la entrega de antecedentes por parte del menor fue espontánea ante sus captores.
Medidas Cautelares: El magistrado dictó arraigo regional (prohibición de salir de Magallanes), prohibición de acercarse a la víctima y sujeción a un programa de vigilancia de la Corporación Opción.
Investigación: Se otorgó un plazo de 90 días para dar con el paradero del resto de la banda que logró huir.
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