La reciente encuesta Plaza Pública Cadem puso bajo la lupa uno de los proyectos de ley más polémicos que se tramitan actualmente en el Congreso Nacional: la conmutación de penas para reclusos que cumplan ciertos requisitos de edad o salud. La iniciativa, impulsada por sectores de la actual oposición, busca que personas condenadas a cárcel efectiva puedan cumplir el resto de su sentencia bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

El beneficio estaría dirigido principalmente a internos diagnosticados con enfermedades terminales o crónicas graves. Sin embargo, los resultados del sondeo muestran una ciudadanía mayoritariamente escéptica y contraria a la aplicación de estas medidas, especialmente cuando se desglosan por tipo de delito o perfil del condenado.

De acuerdo con las cifras de Cadem, solo un 37% de los encuestados se muestra a favor de conmutar las penas para reclusos mayores con enfermedades terminales, mientras que un 56% manifiesta su rechazo. La brecha se acentúa cuando se consulta por la edad: un 76% se opone a que hombres mayores de 70 años y mujeres mayores de 65 obtengan el beneficio por el solo hecho de su longevidad.

El rechazo se vuelve casi unánime al tocar temas de alta sensibilidad social. Un 77% de los ciudadanos rechaza la medida para criminales condenados por violaciones a los derechos humanos, y apenas un 16% la aprueba. En el extremo del espectro, la conmutación de penas para asesinos y violadores enfrenta un rechazo lapidario del 92%, contando con un apoyo marginal de apenas el 3%.

Estos datos surgen en medio de un intenso debate legislativo, donde los impulsores del proyecto apelan a razones humanitarias, mientras que los detractores y la opinión pública parecen priorizar la justicia efectiva y el cumplimiento de las condenas en recintos penitenciarios para delitos de mayor gravedad.