La investigación por la trágica muerte del cabo Carlos Palacios Muñoz dio un giro decisivo en las últimas horas con la detención de un tercer funcionario del Ejército. Se trata de un suboficial de la institución, cuya captura se suma a las del capitán y el sargento primero realizadas previamente por la Policía de Investigaciones (PDI) en Punta Arenas.

El caso, que ha generado una profunda conmoción en la zona austral, se centra en lo ocurrido la tarde del pasado miércoles al interior del Regimiento N°10 "Chorrillos". Según los antecedentes que maneja la Brigada de Homicidios de la PDI, el fallecimiento del cabo Palacios se produjo por inmersión en una laguna del recinto militar mientras participaba en un ejercicio de entrenamiento.

Instrucciones fuera de protocolo El foco de la fiscalía y los peritos especializados apunta a la legalidad de las órdenes impartidas. Las primeras indagatorias sugieren que la instrucción que recibió el cabo Palacios se habría realizado fuera de los procedimientos reglamentarios y las normas de seguridad vigentes para este tipo de actividades.

Los investigadores buscan determinar si el mando a cargo forzó situaciones de riesgo innecesarias que desencadenaron el fatal desenlace a las 17:50 horas de aquel miércoles, momento en que el cuerpo fue recuperado por personal del GOPE de Carabineros.

Reacciones desde el Alto Mando La gravedad del hecho resonó incluso en el reciente cambio de mando de la institución. El general (R) Javier Iturriaga, antes de entregar la comandancia en jefe, calificó el suceso de Punta Arenas como un episodio "complejo" y advirtió que las conductas que contravienen los valores institucionales son "inaceptables", reconociendo el daño que estos actos provocan en la confianza pública hacia el Ejército.

Próximos pasos judiciales Con tres uniformados bajo custodia, la causa entra en una fase clave de formalización. Se espera que durante las próximas horas los detenidos sean puestos a disposición del tribunal correspondiente, donde el Ministerio Público presentará la evidencia científica, los peritajes de la dinámica de los hechos y los análisis de los protocolos militares para establecer las responsabilidades penales individuales.

Por ahora, la 4ª Brigada Acorazada “Chorrillos” mantiene sus banderas a media asta en señal de duelo, mientras la justicia civil y militar trabajan en paralelo para esclarecer si hubo negligencia criminal en la muerte del joven uniformado.