El Senado despachó este martes la reforma constitucional que incorpora a Gendarmería de Chile dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Con 40 votos a favor, la iniciativa —heredada de la administración anterior y priorizada con discusión inmediata por el actual Ejecutivo— concreta el traspaso de la institución desde el Ministerio de Justicia hacia el Ministerio de Seguridad.
Este movimiento busca unificar la estrategia de seguridad pública, permitiendo una mayor coordinación entre las policías y la guardia penitenciaria en el combate contra el crimen organizado que opera desde las cárceles.
Una de las consecuencias más polémicas y directas de esta reforma fue confirmada por el ministro de Justicia, Fernando Rabat. Al ser asimilados al escalafón de Fuerzas de Orden (como Carabineros o la PDI), los funcionarios de Gendarmería pierden el derecho a sindicalizarse.
Disolución inmediata: Las asociaciones de funcionarios se disolverán por el solo ministerio de la ley una vez publicada la reforma.
Sin excepciones: A pesar de que se presentaron indicaciones para mantener ciertas distinciones gremiales, el Senado las rechazó por amplia mayoría.
Efecto: La institución pasará a tener un régimen jerarquizado y disciplinado, sin representación sindical interna.
La implementación de este cambio no será solo administrativa. El ministro Rabat explicó los pasos a seguir:
Vigencia: La reforma rige inmediatamente tras su publicación en el Diario Oficial.
Nueva Ley de Reinserción: El Ejecutivo tiene un plazo de un año para dictar una nueva ley que establezca el sistema de reinserción social, separando la labor de custodia (ahora bajo Seguridad) de la labor rehabilitadora.
En zonas con recintos penitenciarios complejos, como el Complejo Penitenciario de Punta Arenas, este cambio de mando promete fortalecer los operativos de registro y allanamiento, alineándolos con la inteligencia policial, aunque abre una gran incertidumbre respecto a cómo canalizarán los funcionarios sus demandas laborales a partir de ahora.