En una decisión que busca agilizar la agenda social, el Presidente José Antonio Kast anunció el retiro del veto sustitutivo que mantenía frenada la Ley Integral de las Personas Mayores. Con este movimiento administrativo, el proyecto —que ya contaba con el respaldo total de ambas cámaras— queda listo para convertirse en ley de la República sin pasar por nuevas discusiones parlamentarias.
La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, señaló que esta acción es una pieza clave del plan "Generación Dorada". El objetivo es transitar desde una mirada de "cuidado" hacia una de "empoderamiento", tratando a los adultos mayores como ciudadanos con plena capacidad de decisión.
La normativa no solo actualiza definiciones, sino que impone obligaciones legales al Estado y al sector privado en cuatro áreas críticas:
1. Derechos y Trato Digno: Consagra 15 derechos específicos, destacando la no discriminación por edad y el acceso preferente a la justicia.
2. Autonomía y Decisión: Protege el derecho de las personas mayores a administrar sus bienes y decidir sobre su salud y lugar de residencia, combatiendo el abuso patrimonial.
3. Protección Laboral: Introduce la figura del trabajo flexible, permitiendo que quienes deseen seguir activos lo hagan en condiciones adecuadas a su etapa vital, sin perder beneficios previsionales.
4. Red contra el Abandono: Establece mecanismos más severos de fiscalización y sanción ante situaciones de abandono social o maltrato intrafamiliar.
Desde las confederaciones de jubilados y organizaciones de la sociedad civil, el anuncio fue recibido con optimismo. Los dirigentes subrayaron que, ante un Chile que envejece a ritmos acelerados, era urgente contar con un marco legal que garantizara que la vejez no sea sinónimo de precariedad o invisibilidad.
La ley entrará en vigencia una vez publicada en el Diario Oficial, momento en el que comenzará el proceso de adecuación de los servicios públicos para cumplir con los nuevos estándares de atención y protección.