En un procedimiento masivo, el Tribunal de Garantía abordó la situación de un nutrido grupo de jóvenes imputados por conducción temeraria. La investigación de la Fiscalía fue categórica al describir eventos que superaban los 180 km/h en plena zona urbana. No se trataba solo de velocidad; los imputados realizaban maniobras de derrape y acrobacias peligrosas que luego eran difundidas con orgullo en redes sociales, elevando el riesgo de accidentes fatales en la Costanera.

Salidas Alternativas: El costo de la libertad

Para un grupo importante de los involucrados, el tribunal aprobó la suspensión condicional del procedimiento por dos años. Sin embargo, el beneficio no fue gratuito y les impuso condiciones severas:

• Renuncia al vehículo: Los sujetos debieron ceder voluntariamente los derechos de sus autos incautados (que pasan a propiedad del Estado).

• Capacitación obligatoria: Deberán asistir a cursos de seguridad vial impartidos por instituciones como Senda.

• Reparación social: Pago de una donación económica a beneficio de Coaniquem.

• Prohibición total: Restricción absoluta de asistir o participar en cualquier evento automovilístico.

Condenas y Comisos Definitivos

En los casos que llegaron a juicio simplificado, las sentencias fueron aún más drásticas:

• Presidio: Penas de presidio menor en su grado mínimo (bajo vigilancia).

• Licencias suspendidas: Inhabilitación para conducir por periodos de entre 6 meses y 2 años.

• Comiso Permanente: Los automóviles utilizados en los delitos pasan definitivamente a manos del Fisco como instrumentos del crimen.

Un rebelde al juicio oral

No todos aceptaron la responsabilidad. Uno de los imputados, tras asesorarse con su defensa, decidió no admitir su participación en los hechos. Ante esta negativa, el tribunal fijó una nueva audiencia de preparación de juicio oral, donde la Fiscalía deberá presentar todas las pruebas (incluyendo los videos de redes sociales) para buscar una condena efectiva.

El mensaje de la Fiscalía

El Ministerio Público fue claro: el objetivo de estas sentencias no es solo castigar, sino desarticular estos grupos quitándoles su principal herramienta de "lucimiento": sus vehículos. La autoridad reiteró que las calles no son pistas de carreras y que la seguridad de terceros es la prioridad absoluta.