La responsabilidad de las municipalidades chilenas ante accidentes en espacios públicos ha dado un giro radical. Un reciente estudio de jurisprudencia realizado por Trifolia, plataforma especializada en análisis de datos legales, detectó un incremento sostenido en las condenas contra gobiernos locales entre 2023 y 2026, con indemnizaciones que en casos extremos han superado los $400 millones.

El núcleo del cambio jurídico reside en la consolidación del concepto de "falta de servicio". Según los tribunales, los municipios tienen el deber activo de mantener, supervisar y, sobre todo, advertir riesgos en veredas, plazas y parques. Este estándar, respaldado por la Corte Suprema, establece que la responsabilidad municipal no se delega, incluso si las obras son ejecutadas por contratistas externos.

El precedente de San Javier

Uno de los casos emblemáticos analizados por Trifolia ocurrió en enero de 2026. La Corte de Apelaciones de Talca condenó a la Municipalidad de San Javier a pagar $25 millones a una mujer que cayó en una vereda en mal estado. El tribunal determinó que la ausencia de una palmeta y la falta de señalización tras trabajos autorizados constituían una falta de servicio evidente, provocando lesiones físicas y un cuadro depresivo en la víctima.

El abogado Javier Ramírez Vodnizza, consultor de Trifolia, explica que "hoy no basta con que exista un contratista. Si el espacio es de uso público, el municipio tiene un deber de supervisión y advertencia de riesgos".

Magallanes: La escarcha ya no es "caso fortuito"

En la Región de Magallanes, este nuevo estándar judicial ya está generando impactos financieros. A principios de este mes, la justicia condenó a la Municipalidad de Punta Arenas a pagar $8 millones a una vecina que sufrió fracturas de tibia y peroné tras caer en una vereda con escarcha en julio de 2024.

El fallo es histórico para la zona austral porque derriba un argumento común: que el clima extremo exime de responsabilidad. Por el contrario, el tribunal dictaminó que, al ser una condición climática habitual, el municipio debe ser aún más diligente en la adopción de medidas preventivas.

El riesgo previsible: Plaza de Armas

El análisis también rescata hechos pasados bajo la lupa de la jurisprudencia actual. El accidente de 2017 en la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero, donde la caída de un árbol dejó heridos, hoy sería juzgado con mayor severidad. Dado que el propio municipio reconoció años después el riesgo estructural de los árboles, cerrando sectores en 2023, la justicia actual consideraría que se trataba de un riesgo previsible, lo que configura directamente la responsabilidad administrativa de la autoridad local.