Este lunes 23 de marzo de 2026 marca un hito en la persecución de delitos contra la probidad administrativa en Chile. La Fiscalía Metropolitana Oriente inició la formalización de 359 funcionarios públicos, imputados por la obtención de licencias médicas fraudulentas y fraude de subvenciones, tras una exhaustiva investigación originada en la Contraloría General de la República (CGR).

La primera de las seis audiencias programadas comenzó a las 10:00 horas en la sala C-103 del Centro de Justicia, con un primer grupo de 49 imputados. El Ministerio Público busca acreditar que estas licencias fueron emitidas sin respaldos médicos reales, generando un millonario perjuicio al Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

El "modus operandi" y los centros bajo la lupa

La investigación permitió identificar una red de emisión de documentos falsos vinculada a prestadores de salud específicos, entre los que destacan:

• Maxi Health SpA

• SaludVida SpA

• Centro Médico Medicilios

Según el ente persecutor, estos centros habrían facilitado la venta o entrega de licencias a funcionarios de diversas reparticiones estatales sin que existiera una patología o atención médica de por medio.

El informe que destapó el escándalo

El origen de esta mega causa se remonta al noveno Consolidado de Información Circularizada (CIC) de la Contraloría. El organismo fiscalizador realizó un cruce masivo de datos con la Policía de Investigaciones (PDI), detectando una cifra alarmante: 25.078 funcionarios públicos viajaron al extranjero mientras supuestamente debían guardar reposo médico entre 2023 y 2024.

En total, se registraron 59.575 movimientos migratorios irregulares asociados a 35.585 licencias médicas. De este universo, el 69% de los permisos fue otorgado por Fonasa y el 31% restante por diversas Isapres, evidenciando un uso sistemático del sistema de seguridad social para fines recreativos.

Medidas Cautelares

Durante las audiencias que se extenderán por los próximos días, la Fiscalía solicitará diversas medidas cautelares para los investigados, quienes arriesgan sanciones administrativas que podrían incluir la destitución definitiva de sus cargos, además de las penas penales asociadas al fraude de subvenciones.