La sombra de un posible conflicto energético vuelve a cernirse sobre la zona austral. La preocupación por la continuidad del subsidio al gas en Magallanes se reinstaló en el debate público luego de que el diputado Carlos Bianchi alertara sobre eventuales ajustes en las partidas presupuestarias del Ministerio de Energía, lo que podría impactar directamente en el costo de vida de la región.

El concejal de Punta Arenas, Germán Flores, fue uno de los primeros en reaccionar, calificando cualquier intento de rebaja como un "golpe directo" a la economía doméstica. “Cualquier tipo de alza en las tarifas sería un golpe a las familias, especialmente a las más vulnerables”, señaló el edil, recordando que el gas en la Patagonia no es un lujo, sino una necesidad básica de supervivencia.

Un componente estructural en riesgo

El subsidio al gas no funciona como un bono transitorio, sino como un pilar del sistema energético regional. Actualmente, los recursos se aprueban anualmente en la Ley de Presupuestos y son transferidos desde el Ministerio de Energía a la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) para estabilizar los precios que llegan al consumidor final.

Flores advirtió que, aunque los fondos para 2026 están asegurados, la política de ajuste fiscal y recorte de gasto público de US$ 6.000 millones que impulsa la administración de José Antonio Kast genera incertidumbre para el presupuesto 2027.

El fantasma de 2011

El debate inevitablemente trajo a la memoria el estallido social de enero de 2011. El concejal recordó la "desafortunada" frase de autoridades de la época que afirmaron que "se les terminó la fiesta a los magallánicos", lo que gatilló una movilización histórica que paralizó la región por una semana.

“Es importante que autoridades y parlamentarios estén atentos para defender este beneficio. No podemos permitir que, en aras del ahorro fiscal,