La Región de Magallanes y de la Antártica Chilena registró un incremento del 11,1% en los casos de discriminación por orientación sexual, expresión e identidad de género durante el último año. Así lo confirmó el XXIV Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género, elaborado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).
A nivel nacional, la situación es aún más crítica: las denuncias subieron un 27,1%, sumando 3.620 atropellos, la cifra más alta desde que se tiene registro. Solo el año 2025 concentró el 23% de todos los casos conocidos en las últimas dos décadas.
En la zona austral, los abusos reportados se distribuyeron principalmente en la comuna de Punta Arenas (8 casos) y, en menor medida, en Río Verde (2 casos).
Ramón Gómez, encargado de DDHH del Movilh, advirtió que la falta de reportes en otras comunas de la región no implica ausencia de discriminación, sino un "temor a visibilizar la identidad" debido a la falta de políticas públicas locales. Gómez calificó la situación en Punta Arenas como "particularmente grave", recordando que en 2025 se confirmó que el asesinato de René Márquez Arismendi (ocurrido en 2024) fue un crimen de odio motivado por su orientación sexual.
El informe destaca que 2025 marcó el fin de la percepción de los derechos LGBTIQ+ como derechos humanos universales, pasando a ser utilizados como "objeto de disputa ideológica" en el marco de las elecciones.
Derecha y Ultraderecha: Presionaron para presentar estos derechos como una agenda exclusiva de izquierda.
Izquierda: Fue criticada por fragmentar la discusión con marcos conceptuales ideologizados, para luego silenciar el tema por cálculos electorales.
El estudio alerta sobre una focalización del odio en la población trans, grupo que concentró casi el 40% de los casos totales. Este aumento del 26,8% afectó severamente a niños, niñas y adolescentes, viéndose potenciado por discursos de odio en redes sociales y retrocesos legislativos, como la eliminación del financiamiento para el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG) en la Ley de Presupuestos.
Mientras el Ejecutivo y el Legislativo fueron señalados por sus "inconsistencias y retrocesos", el Poder Judicial se posicionó como el órgano más protector del Estado. Entre los hitos destacados figura la condena a presidio perpetuo dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas por un crimen de odio, sentando un precedente de justicia para la región.