En una ceremonia marcada por la urgencia de frenar la violencia escolar, el Presidente José Antonio Kast lideró este martes en La Moneda el lanzamiento de "Escuelas Protegidas". Se trata de un conjunto de dos proyectos de ley que buscan dotar de mayores herramientas a las comunidades educativas, luego de una serie de incidentes graves que culminaron con el reciente asesinato de una inspectora en la ciudad de Calama.

El mandatario fue enfático al definir el espíritu de la iniciativa: “Este proyecto parte de esta convicción simple: que en la escuela tiene que mandar la autoridad, nunca la violencia”, afirmó ante la presencia de los ministros de Educación, Seguridad, Justicia y otras carteras que respaldan la firma del documento.

Medidas de control y vigilancia

El plan establece facultades directas para los establecimientos, orientadas a evitar el ingreso de elementos peligrosos:

• Revisión de pertenencias: Los sostenedores tendrán la opción legal de revisar mochilas y bolsos de quienes ingresen a los colegios.

• Identificación obligatoria: Se prohíbe el uso de capuchas y pasamontañas o cualquier elemento que impida identificar a las personas dentro de los recintos, resguardando únicamente excepciones por motivos de salud o fe religiosa.

• Agravamiento de penas: Se propone modificar el Código Penal para aumentar las sanciones por delitos cometidos tanto dentro de los colegios como en los trayectos de traslado.

Sanciones y empoderamiento docente

Uno de los puntos más polémicos y comentados del anuncio es la inhabilitación del acceso a la gratuidad universitaria para aquellas personas que resulten condenadas por desórdenes públicos en el contexto escolar. Con esto, el Ejecutivo busca generar un efecto disuasivo frente a las tomas violentas y daños a la infraestructura.

Asimismo, el proyecto contempla un eje para el empoderamiento docente, buscando que los profesores recuperen su rol de autoridad jerárquica frente al alumnado. Según el Gobierno, estas medidas son fundamentales para asegurar que los recintos educacionales vuelvan a ser espacios de aprendizaje seguros y no focos de conflicto que pongan en riesgo la vida de los trabajadores de la educación.