Una profunda molestia manifestó este martes 7 de abril de 2026 la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud (APIS), tras la decisión de la ministra de Salud, May Chomalí, de rechazar una reunión formal con el gremio. La agrupación, que representa a actores clave en la cadena de suministros y equipamiento médico, calificó el gesto como una continuación de la "línea de exclusión" de la administración anterior.

El director ejecutivo de APIS, Eduardo del Solar, cuestionó que la autoridad ministerial derivara el encuentro hacia la Central de Abastecimiento (Cenabast). Según el dirigente, dicho organismo posee un rol netamente operativo y no tiene facultades sobre los temas de fondo que el gremio buscaba tratar: inversión en red hospitalaria y la reactivación de hospitales cuya construcción se encuentra paralizada.

Temas críticos en la mesa

La reunión solicitada no solo tenía un carácter protocolar por el inicio de la nueva gestión, sino que buscaba abordar problemáticas que inciden directamente en la atención de los pacientes magallánicos y del resto del país:

• Deuda Estatal: La creciente morosidad que mantiene el Fisco con los proveedores de insumos.

• Plataforma de Pago: La necesidad de retomar el compromiso de pago a 30 días para garantizar la solvencia de las empresas.

• Equipamiento y Listas de Espera: La falta de tecnología y mantención en hospitales que impide reducir los tiempos de cirugía.

• Regulación: Normativas pendientes sobre dispositivos médicos de alta complejidad.

“Nos parece preocupante que se nos derive a Cenabast cuando los temas están directamente relacionados con la inversión en la red hospitalaria, claves para solucionar las listas de espera y que requieren una definición a nivel ministerial, no operativa”, enfatizó Del Solar.

Un llamado al diálogo

Desde APIS advirtieron que excluir a los proveedores de la conversación debilita la necesaria coordinación público-privada en un sector sensible. El gremio hizo un llamado urgente a la ministra Chomalí a reconsiderar su postura, argumentando que sin un flujo constante de insumos y equipamiento, el funcionamiento de la red asistencial corre riesgos estructurales que terminan afectando la calidad y oportunidad de las atenciones médicas a nivel nacional.