En un gesto que busca elevar los estándares de probidad en el Estado, el Presidente de la República, José Antonio Kast, se sometió este miércoles a un examen de detección de drogas mediante muestra biológica de pelo. El test, financiado con recursos personales del Mandatario, es el método más exigente del mercado, permitiendo rastrear el consumo de sustancias en una ventana de hasta 90 días.

El Jefe de Estado fundamentó su decisión como un acto de coherencia frente a la creciente amenaza del crimen organizado en Chile. “Quienes ejercen el poder público deben ser los primeros en demostrar que no tienen ningún vínculo con las drogas ni con el narcotráfico”, afirmó Kast, subrayando que la confianza ciudadana solo se recuperará con acciones concretas de transparencia.

Nuevas reglas para el aparato estatal

Más allá del gesto personal, el Presidente anunció un paquete de medidas administrativas de ejecución inmediata para fortalecer el control en toda la administración pública:

• Cambio de Estándar: Se modificará el Decreto Supremo N° 1.215, estableciendo el examen de pelo como el método oficial para autoridades, reemplazando al test de orina por su mayor precisión.

• Financiamiento y Publicidad: La DIPRES dispondrá de fondos para aplicar estos test en todos los ministerios. Además, los resultados deberán ser publicados en los sitios web institucionales en un máximo de 10 días hábiles tras su recepción.

• Protocolo de Custodia: En 30 días deberá estar operativo un sistema unificado entre Interior y Salud para garantizar la fiabilidad de las muestras.

Desafío al Congreso

El Mandatario reconoció que la ley publicada en febrero de 2026 fue un avance, pero acusó que aún existen "vacíos" en cuanto a la cobertura de ciertas autoridades. Por ello, anunció el envío de un proyecto de ley al Congreso Nacional para convertir estas exigencias en una norma permanente y transversal.

Finalmente, Kast lanzó un desafío directo a la clase política: “Hoy lo hice yo y espero que a partir de mañana todos sigan esta misma línea”. Con esto, el Ejecutivo busca instalar la probidad como el eje central de la discusión política de cara al invierno de 2026.