El endurecimiento del discurso del Gobierno del Presidente José Antonio Kast respecto a la morosidad del Crédito con Aval del Estado (CAE) ha generado una reacción inmediata y masiva. Tras las advertencias de iniciar acciones legales que podrían incluir el retiro forzoso de dineros desde cuentas corrientes personales, miles de deudores han acudido a regularizar su situación financiera.
Según datos de la Tesorería General de la República, la afluencia de público en las oficinas de Santiago Centro se duplicó durante esta semana. El temor a las acciones judiciales y al embargo de activos bancarios parece haber quebrado la tendencia de no pago que se arrastraba por años.
El tesorero general, Hernán Nobizelli, reveló cifras que calificó como inusuales para el sistema. El pasado martes 7 de abril, la recaudación diaria alcanzó un peak de $1.500 millones, una tendencia que se mantuvo el miércoles con otros $1.000 millones ingresados a las arcas fiscales.
Nobizelli explicó que este fenómeno tiene un punto de partida claro: las declaraciones del Ministro de Hacienda, Quiroz, el pasado 15 de marzo. "Se notó inmediatamente el lunes 16 un mayor movimiento. Primero vimos una lógica de consultas, pero tras las advertencias judiciales, el flujo se transformó directamente en pagos", detalló el tesorero.
La estrategia del Ejecutivo ha sido calificada como "agresiva" por diversos sectores, al poner sobre la mesa herramientas de cobranza que rara vez se habían ejecutado contra deudores educativos. La posibilidad de acudir a tribunales para embargar cuentas personales ha sido el principal motor de este aumento relevante en la recaudación, marcando un hito en la gestión del CAE bajo la actual administración de 2026.