Lo que comenzó como un hecho aislado en el Liceo Politécnico de Punta Arenas el pasado miércoles, ha escalado hasta convertirse en una crisis regional de seguridad educativa. Durante las últimas horas, situaciones de similares características —mensajes manuscritos con amenazas de tiroteo o ataques— obligaron a la suspensión total de actividades en el Liceo Hernando de Magallanes de Porvenir y en el Liceo Industrial Armando Quezada Acharán.

La respuesta del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) no se hizo esperar. El organismo interpuso una querella criminal contra quienes resulten responsables, argumentando que estos mensajes han provocado una "grave alteración del normal funcionamiento del servicio público", instalando un estado de temor generalizado que vulnera el derecho a la educación de miles de jóvenes magallánicos.

Estrategia de seguridad y prevención

Ante la emergencia, el Seremi de Seguridad Pública, Ronald López, y su par de Educación, José Raúl Alvarado, iniciaron una mesa técnica para cruzar proyectos de la Subsecretaría de Prevención del Delito con la realidad de los colegios. El objetivo es minimizar riesgos físicos y, a largo plazo, atacar la raíz del problema.

“Hemos concluido en impulsar programas focalizados en la práctica deportiva, que podrían cambiar la actitud en niños y jóvenes”, señalaron las autoridades, buscando canales de desahogo y pertenencia que alejen a los estudiantes de estas conductas disruptivas. Por su parte, la delegada presidencial regional, Ericka Farías, ya instruyó patrullajes preventivos de Carabineros en los perímetros escolares más sensibles.

Un "fenómeno" que recorre Chile

La situación en Magallanes no es aislada. El hallazgo de papeles con amenazas se ha transformado en un fenómeno nacional que esta semana ha golpeado con fuerza a ciudades como Iquique, donde tres colegios cerraron sus puertas, además de incidentes en Villa Alemana, La Serena y Concepción.

En la capital del Biobío, la PDI logró identificar al autor de una de estas amenazas, quien declaró que todo se trataba de “una broma”. Sin embargo, para las autoridades regionales, el impacto emocional en las familias y el costo operativo de suspender clases hacen que estas acciones dejen de ser un juego para convertirse en delitos perseguibles por la justicia.