El ministro de Justicia, Fernando Rabat, compareció este martes ante la Comisión de Derechos Humanos y Ciudadanía del Senado para exponer la hoja de ruta legislativa de su cartera. La sesión, marcada por un tono de expectación, contó con la presencia de figuras clave como la presidenta de la comisión, Fabiola Campillai, y representantes de agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos.

Uno de los puntos más tensos de la jornada fue la consulta sobre los criterios del Ejecutivo para otorgar indultos, especialmente a uniformados condenados en el contexto del estallido social de 2019. Al respecto, el secretario de Estado transparentó las cifras oficiales: actualmente existen 28 solicitudes pendientes.

El desglose de los indultos

Rabat precisó que el grueso de las peticiones proviene de la gestión anterior. "Existen cerca de 20 que están desde antes del 11 de marzo de 2026. De las ocho posteriores, hay distintas materias y no todas están vinculadas con lo que se llama el estallido social", aclaró el ministro, manteniendo la reserva sobre los criterios específicos de evaluación que aplicará el Gobierno del Presidente Kast.

Petición de audiencia con el Presidente

Durante la instancia, la senadora Campillai aprovechó para enviar un mensaje directo a La Moneda. Solicitó al ministro Rabat gestionar una audiencia para que el Presidente José Antonio Kast reciba a las víctimas y familiares de violaciones a los derechos humanos, tanto de la dictadura militar como de los sucesos de 2019. "Nosotros también tenemos algo que decirle al Presidente", enfatizó la legisladora independiente.

Conmutación de penas en pausa

Finalmente, el titular de Justicia se refirió al polémico proyecto de conmutación de penas. Rabat fue cauto al señalar que el Ejecutivo no fijará una postura definitiva mientras la iniciativa siga su curso legislativo actual, debido a la complejidad técnica que representa. "Hoy día no tenemos una opinión como Gobierno porque el proyecto tiene más de 300 o 500 indicaciones", concluyó, dejando en manos del Congreso el avance de la discusión.