Una profunda controversia diplomática se ha tomado la agenda en la Región de Magallanes. El detonante fueron las declaraciones del jefe del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina, contraalmirante Hernán Montero, quien en un podcast de YouTube sostuvo que el acceso oriental del Estrecho de Magallanes —entre Cabo Vírgenes y Punta Dúngenes— correspondería a territorio argentino, sugiriendo incluso la posibilidad de cobrar por servicios de practicaje.

¿Soberanía o semántica?

A las críticas de los diputados Juan Carlos Beltrán, Daniel Valenzuela y Ericka Ñanco, quienes calificaron los dichos como "graves e improcedentes", se sumó el análisis técnico del senador Alejandro Kusanovic. El parlamentario magallánico explicó que, aunque el almirante argentino reconoce el límite legal (Punta Dúngenes - Cabo Espíritu Santo), el conflicto surge al llamar "Boca de Magallanes" a las aguas al oriente de esa línea.

Para Kusanovic, se trata de una "disputa semántica" que busca confundir dónde termina el océano y dónde empieza el Estrecho, con el fin de matizar la soberanía chilena exclusiva que ratifican los tratados de 1881 y 1984.

Alerta por "sensación de debilidad"

El senador fue más allá y advirtió que este tipo de declaraciones prosperan debido a una percepción de debilidad soberana en el extremo sur. Kusanovic mencionó puntos críticos como:

• La demarcación de Campos de Hielo.

• La plataforma continental y los deslindes del Parque Marino Islas Diego Ramírez.

• La fiscalización de la pesca y el tránsito de cruceros.

A su juicio, existe una falta de compromiso y una "comprensión errónea" de lo que implica la soberanía en Magallanes por parte del Estado central, lo que abre flancos para estas controversias internacionales.

La respuesta de Cancillería

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, la postura se mantiene firme. La autoridad recordó que la delimitación en la zona oriental es clara y no altera la soberanía histórica de Chile sobre el Estrecho. Los tratados vigentes garantizan la neutralidad perpetua y la libre navegación, pero bajo la jurisdicción única de Chile, rechazando cualquier pretensión de cobro o control territorial por parte de la nación vecina en el acceso al estratégico paso.