La preocupación crece en la capital regional debido a la "marcha lenta" en la implementación de la Ley 21.792, normativa que obliga a las aerolíneas a entregar sus listados de pasajeros a la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros y el Ministerio Público. Aunque el decreto ya pasó por el control de legalidad de la Contraloría en enero pasado, la medida aún no se materializa en los aeropuertos de la zona.

Para el concejal Germán Flores, la urgencia es estadística y de seguridad. Según detalló, registros del año 2024 mostraban que de cada 1.000 extranjeros controlados, 322 se encontraban en situación ilegal. "Buscamos que el Estado sea eficaz para impedir que a nuestra región lleguen a esconderse personas que tienen cuentas pendientes con la justicia", enfatizó por su parte el alcalde Claudio Radonich.

El protocolo pendiente

La principal piedra de tope no es la ley en sí, sino la falta de un protocolo de actuación. Actualmente, las autoridades afinan los mecanismos para determinar qué sucederá exactamente en el momento en que se identifique a un pasajero con orden de detención pendiente al aterrizar en el Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo.

Esta coordinación debe ser ratificada entre la Fiscalía, las policías y los tribunales, para asegurar que el procedimiento judicial sea inmediato una vez que el avión toque pista.

Reuniones de seguridad

La delegada presidencial regional, Ericka Farías, confirmó que ya se han sostenido reuniones con el fiscal regional, Cristián Crisosto, para definir estos flujos de trabajo. La ley dispone que, una vez finalizado el embarque, las empresas aéreas deben proporcionar antecedentes clave: identificación del pasajero, lugar de embarque, destino y registros anticipados de viaje.

Con esta medida, Magallanes busca dejar de ser un destino "atractivo" para quienes huyen de procesos judiciales en el resto del país, reforzando la soberanía y la seguridad en el principal punto de entrada a la región.

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