Un vuelco judicial se registró en la investigación por la muerte de un joven al interior de la Cuarta Brigada Acorazada Chorrillos. La Corte Marcial resolvió otorgar la libertad a los dos funcionarios militares que permanecían procesados como autores de cuasidelito de homicidio y desobediencia, permitiéndoles abandonar el recinto de reclusión en el Regimiento Pudeto.

Uno de los beneficiados es el sargento Jaime Huichalaf Zimmermann. Su abogado defensor, Marcos Ibacache, explicó que la medida fue posible tras haber transcurrido el tiempo necesario para las diligencias clave y considerando que las penas asociadas al delito —presidio menor— permiten optar a beneficios sustitutivos. Para concretar la salida, se fijó una fianza de un millón de pesos, además de la obligación de fijar domicilio y firma quincenal ante la Fiscalía Militar.

Argumentos de la defensa

La defensa de Huichalaf sostiene que su rol en la tragedia fue "secundario". Según Ibacache, el sargento no estaba originalmente a cargo de la actividad y acudió solo como apoyo de último minuto. Al momento del incidente, el funcionario se habría encontrado en otro sector de la laguna cumpliendo funciones con armamento, lo que le habría impedido advertir que se dio la orden de ingresar al agua sin las medidas de seguridad básicas.

Incluso, el jurista aseveró que su representado habría realizado advertencias previas sobre las desfavorables condiciones climáticas para realizar pruebas en el agua aquel día, antecedentes que serán fundamentales en el juicio.

Futuro administrativo y judicial

Pese a recuperar la libertad, el sargento Huichalaf enfrenta un complejo escenario laboral, ya que fue llamado a retiro temporal. Su defensa ya anunció que recurrirá esta medida administrativa para intentar revertirla mientras avanza el proceso penal. La investigación continúa su curso para determinar por qué se autorizó una maniobra de alto riesgo que terminó con el fallecimiento de un joven dentro de la unidad militar.