En un paso clave para materializar sus promesas de campaña, el gobierno del Presidente José Antonio Kast concretó este jueves el primer vuelo de expulsión de ciudadanos extranjeros de su mandato. El operativo, que marca el inicio de una nueva etapa en la política migratoria del país, busca dar una señal de cumplimiento ante la "cuenta regresiva" de seguridad instaurada por la administración.
El traslado se realizó en un Boeing 737 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) con un grupo de 40 personas que mantenían órdenes de expulsión vigentes, la mayoría de ellas vinculadas a delitos de alta connotación social como tráfico de drogas, robo y porte ilegal de armas. Los destinos confirmados del vuelo fueron Colombia y Ecuador.
La administración Kast ha trazado una meta ambiciosa: realizar tres vuelos mensuales, lo que permitiría expulsar a unas 120 personas cada 30 días. De mantenerse este ritmo, el país alcanzaría un total de 1.440 expulsiones anuales, cifra significativamente superior al promedio de 1.000 salidas registradas por año en el último cuatrienio. Además del despliegue aéreo, el Servicio Nacional de Migraciones confirmó que se reactivarán con fuerza las expulsiones por vía terrestre.
La medida fue bien recibida en el Poder Legislativo, donde ya surgen propuestas para optimizar el proceso. La diputada Joana Pérez (Demócratas) sugirió utilizar los fondos de pensiones cotizados por migrantes irregulares para financiar sus propios traslados de salida. Por su parte, el diputado Mauro González (RN) instó a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, a aplicar con rigor la ley de control de identidad preventivo para agilizar las detecciones.
A pesar del despliegue, expertos como el exdirector de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, plantearon reparos sobre la seguridad de comunicar los vuelos de forma anticipada. Sin embargo, el obstáculo más crítico para el éxito total del plan sigue siendo Venezuela. La falta de relaciones diplomáticas fluidas con Caracas impide, por ahora, concretar expulsiones masivas hacia ese país, representando el mayor desafío estratégico para la agenda migratoria del Presidente Kast.