La economía familiar chilena enfrenta un nuevo hito crítico este lunes 20 de abril. Con la Unidad de Fomento (UF) superando oficialmente la barrera de los $40.000, la diputada por la Región de Magallanes, Javiera Morales, hizo un llamado urgente al Ejecutivo para poner prioridad a la tramitación de su proyecto de ley que busca restringir el uso de este índice en servicios y contratos cotidianos.
La parlamentaria envió un oficio al Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) solicitando "suma urgencia" para la iniciativa que ya fue aprobada en la Comisión de Economía y que ahora espera su discusión en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Para Morales, el problema radica en la extensión de la UF a contratos que no guardan relación con el mercado financiero especializado. “Lamentablemente, en nuestro país hay un abuso de la UF. Los privados la utilizan para cobrar colegios, seguros de salud, arriendos y hasta cuotas de clubes deportivos”, denunció la legisladora.
La diputada argumentó que esta modalidad genera una brecha de desigualdad insostenible: mientras los costos de vida suben mes a mes por el reajuste de la UF, los sueldos de los trabajadores se mantienen fijos en pesos, lo que licúa el poder adquisitivo de las familias.
La solicitud de la parlamentaria también incluyó una fuerte crítica a la gestión económica del Gobierno respecto al precio de la energía. Aseguró que el Ejecutivo “decidió traspasarle el costo del aumento de las bencinas a la ciudadanía”, lo que ha generado un efecto dominó inflacionario que termina por encarecer la UF.
“En Magallanes, donde todo es más caro, un alza mensual en arriendos o servicios puede marcar una gran diferencia. No puede ser que los colegios cobren en UF si no le pagan a sus profesoras y profesores en UF”, sentenció Morales, calificando la regulación de este índice como una "medida de justicia" necesaria para la zona austral.