El sistema previsional chileno se encamina hacia una transformación demográfica sin precedentes. Según el estudio “Análisis de la migración en Chile: caracterización y desafíos para el Pilar Solidario”, elaborado por la consultora Qualimet para el Consejo Consultivo Previsional, el Estado enfrentará una presión financiera creciente para financiar la Pensión Garantizada Universal (PGU) de la población extranjera en las próximas décadas.

La investigación detalla que el gasto fiscal asociado a este beneficio pasará de representar un marginal 0,0184% del PIB actual a situarse cerca del 0,39% del Producto Interno Bruto para el año 2050. En términos de beneficiarios, la cifra escalará desde los 13.464 registrados en 2022 a más de 511.000 personas a mitad de siglo.

El punto de inflexión: 2036

El informe identifica el año 2036 como el inicio de una aceleración marcada en el gasto. Esto se explica por la "maduración" de los flujos migratorios: para esa fecha, las grandes cohortes que ingresaron al país entre 2017 y 2024 comenzarán a cumplir simultáneamente los dos requisitos que exige la ley para acceder a la PGU:

1. Edad: Alcanzar los 65 años.

2. Residencia: Acreditar al menos 20 años de permanencia en Chile.

Venezuela liderará la demanda

Por nacionalidad, el equipo de economistas liderado por Juan Luis Correa y Juan Díaz proyecta que la comunidad venezolana será la que más presione el gasto previsional desde mediados de la próxima década. En contraste, ciudadanos de Perú y Colombia mostrarán incrementos más graduales debido a su histórico de llegada más estable, mientras que la población haitiana registrará un despegue tardío por su actual juventud.

El estudio también advierte una marcada brecha de género. Se espera que la mayor inversión estatal se concentre en mujeres migrantes, quienes presentan una mayor expectativa de vida y menores niveles de ahorro previsional propio, volviéndolas más dependientes del Pilar Solidario estatal.