La sede regional de la Contraloría en Magallanes emitió un contundente Informe Final de Investigación Especial que pone bajo la lupa la relación contractual entre la Municipalidad de Porvenir y la Fundación Procultura. El documento ratifica serias deficiencias en un convenio que implicó el traspaso de $52,8 millones de recursos públicos para la ejecución del "Programa para Pequeñas Localidades".

Los pilares de la investigación

El informe del organismo fiscalizador identifica tres áreas críticas donde la municipalidad vulneró la normativa vigente:

1. Vulneración de la Licitación Pública: El municipio optó por un trato directo con Procultura sin acreditar las condiciones de "exclusividad" o "emergencia" que exige la ley. No se presentaron informes técnicos que justificaran por qué esta fundación era la única capaz de realizar el trabajo.

2. Tercerización Ilegal: La Contraloría determinó que el municipio delegó en una entidad privada funciones que eran de su responsabilidad directa según los convenios con el Minvu, tales como el diagnóstico territorial y el plan de desarrollo.

3. Opacidad Financiera: Se detectó una falta total de transparencia en el presupuesto. Específicamente, se cuestionaron más de $14 millones rotulados como "otros gastos de implementación" que no contaban con desglose ni detalle del destino final de los fondos.

Reacción política y judicial

La denuncia que dio origen a este informe fue presentada hace tres años por el actual diputado Alejandro Riquelme Ducci, quien calificó los hallazgos como "extremadamente graves". Riquelme enfatizó que la tercerización de funciones públicas vulnera principios básicos de la administración del Estado y recordó que la PDI ya realizó incautaciones de documentos en dependencias municipales y de la Seremi de Vivienda.

"Se confirma una falta de concursabilidad inaceptable", señaló el parlamentario, advirtiendo que buscará que se determinen responsabilidades no solo administrativas, sino también penales.

Medidas inmediatas

Tras las conclusiones del informe, la Contraloría confirmó la apertura de un procedimiento disciplinario dentro de la Municipalidad de Porvenir para individualizar a los funcionarios responsables de estas omisiones legales y financieras. Este caso se suma a la lista de investigaciones que afectan a fundaciones en todo el país, reforzando la necesidad de mayor transparencia en la inversión pública en territorios aislados de Magallanes.