En un contexto de sostenida presión por el alza de los combustibles, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha abierto un complejo flanco de negociación: la revisión de los contratos de concesiones viales. El ministro de la cartera, Martín Arrau, confirmó el inicio de conversaciones con parlamentarios de diversos sectores para evaluar la posibilidad de aplicar rebajas en los precios del TAG y peajes.
Según explicó el secretario de Estado, el análisis no será uniforme, ya que Chile cuenta con decenas de contratos con estructuras jurídicas distintas. “Algunos tienen posibilidad de ser modificados y otros no. Se modifican para incorporar obras o seguridad, y también para modificar tarifas, como se ha hecho en administraciones anteriores”, señaló Arrau, enfatizando que la prioridad inicial estará en las autopistas urbanas.
Tras una reunión con legisladores del Partido Republicano, el PS y la FRVS, el Gobierno se comprometió a entregar reportes mensuales sobre el progreso de estas gestiones. No obstante, desde la oposición, la diputada Sofía González (PC) calificó la propuesta de "insuficiente", exigiendo que la mesa incluya con fuerza a los peajes de carreteras regionales, más allá de la capital.
El anuncio no estuvo exento de reparos técnicos. Gloria Hutt, presidenta de Copsa y exministra de Transportes, advirtió que el gremio de concesionarios aún no ha sido convocado. “No se puede cambiar una variable tan clave como la tarifa sin consultar a los inversionistas uno a uno”, relevó, subrayando la naturaleza privada de los contratos.
Por otro lado, la exministra de Obras Públicas, Jessica López, tildó la iniciativa como un "anuncio riesgoso". López advirtió sobre el costo fiscal de la medida: “Cualquier rebaja en el pago de los peajes, alguien la va a tener que pagar. Cuando la paga el Estado, la terminan pagando tanto los que usan las autopistas como los que no”, sentenció, llamando a la transparencia en el debate económico.