La Corte de Apelaciones de Punta Arenas aceptó a trámite el recurso de protección en favor de Carlos Muñoz Quintul, un joven con discapacidad total cuya vivienda social estaba en proceso de remate. La acción judicial busca proteger el hogar familiar ante un cobro de contribuciones del que no fueron notificados.

Claves del caso:

• Vulnerabilidad extrema: Carlos es un joven postrado con dependencia absoluta de su madre.

• Origen del conflicto: La Tesorería reclama una deuda de contribuciones por una vivienda social que, por ley, debería estar exenta de estos pagos.

• Falta de notificación: La familia asegura que nunca recibió avisos sobre la deuda ni sobre la orden de remate de su única propiedad.

La respuesta de la Justicia

Tras la gestión de la oficina del abogado Robinson Quelín, el tribunal dio un plazo de seis días hábiles a la Tesorería Regional para explicar por qué no se realizaron las notificaciones previas. "Estamos a la espera de lo que informe Tesorería para que la Corte resuelva el fondo del asunto", explicó el abogado Quelín.

Este fallo representa un alivio momentáneo para la familia, que busca asegurar de forma definitiva el derecho a la vivienda y la dignidad de un joven en situación de abandono administrativo.