La trama quedó al descubierto durante una fiscalización nocturna realizada por detectives del Departamento de Migraciones y la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (BRIDEC) de la PDI. En dicha instancia, la mujer presentó documentación que pretendía validar como oficial, pero que tras los peritajes resultó ser fraudulenta.
Según los antecedentes expuestos por la Fiscalía, la mujer utilizaba estos papeles —que imitaban certificados del Servicio Nacional de Migraciones— para realizar trámites clave:
Obtención de residencia temporal: Buscaba regularizar su estatus en Chile de forma fraudulenta.
Cédula de identidad: Intentó obtener el documento identificatorio para extranjeros ante el Registro Civil.
La fiscal Johanna Iribarra precisó que los documentos carecían de sellos de seguridad y sistemas de validación oficial, calificándolos como "totalmente apócrifos".
Tras la comunicación de cargos por el delito de uso de documento público falso, la Fiscalía solicitó medidas que aseguren la comparecencia de la imputada durante el proceso. El magistrado resolvió:
Libertad inmediata: La mujer salió del tribunal tras finalizar la audiencia.
Arraigo Nacional: Se le impuso la prohibición absoluta de abandonar el territorio chileno.
Plazo de investigación: Se determinaron 60 días para reunir pruebas adicionales y determinar si existen más involucrados en la creación de estos documentos.