La paciencia de los habitantes de la población Cardenal Raúl Silva Henríquez llegó a su límite. Tras diez años de inacción estatal, los vecinos representados por su presidenta, Silvia Garrido, se reunieron con autoridades para exigir que el sector norponiente deje de ser una "zona de sacrificio" urbano.
Uno de los impactos más dolorosos para la comunidad ha sido la pérdida de servicios vitales. Producto de la inseguridad y las condiciones del entorno de la toma, el sector ha perdido:
El Jardín Infantil: Obligando a las familias a dispersar a sus hijos en otros establecimientos, rompiendo el tejido social.
El Cecosf: Dejando a los adultos mayores y vecinos sin atención de salud primaria inmediata en su propio barrio.
Garrido describió un panorama desolador que afecta la salud pública de los residentes: “Tenemos problemas graves de aguas servidas y malos olores. A esto se suma el humo constante, focos de drogadicción, robos y violencia. Los desechos corren por fuera de nuestras casas”. Esta situación es especialmente crítica ante la llegada del invierno magallánico, que agrava la humedad y la propagación de enfermedades.
Pese al deterioro de su calidad de vida, los vecinos mantienen una postura humanitaria. La dirigenta aclaró que no buscan un desalojo violento, sino un acuerdo habitacional digno para las familias de la toma, muchas de las cuales incluyen a personas mayores que viven en condiciones precarias.
El senador Alejandro Kusanovic fue categórico al calificar la situación como una "vulneración grave a la dignidad". Criticó la falta de gestión histórica y aseguró que su equipo jurídico participará activamente en una mesa técnica.
“No podemos permitir que una comunidad viva entre aguas servidas por falta de voluntad política”, señaló el parlamentario, cuyo objetivo es lograr soluciones habitacionales regulares para los ocupantes y, paralelamente, devolver la tranquilidad y los servicios de salud y educación a la población Silva Henríquez.