Lo que comenzó como una alerta administrativa se ha transformado en un conflicto gremial de gran envergadura. La transición hacia el nuevo modelo de educación pública sigue generando "ruido" en las liquidaciones de sueldo de cientos de funcionarios en Magallanes, quienes hoy acusan un abandono financiero que afecta directamente el presupuesto de sus hogares.
El Liceo Industrial Armando Quezada Acharán fue el primero en oficializar la suspensión total de sus actividades académicas. Mediante un comunicado, el cuerpo docente solidarizó con los paradocentes y asistentes de la educación, quienes no han recibido sus sueldos íntegros.
"Consideramos que esta acción es necesaria para resguardar nuestros derechos laborales y exigir condiciones dignas", declararon los profesores, enfatizando que, aunque lamentan el impacto en los estudiantes, la situación económica de los trabajadores es insostenible.
La situación en la Escuela Padre Alberto Hurtado es aún más crítica. Los profesionales del establecimiento denunciaron una serie de faltas financieras que se arrastran desde hace meses:
Disminución salarial: Acusan bajas de hasta un 40% en sus remuneraciones desde febrero.
Bono Zona Extrema: El beneficio no ha sido cancelado desde el mes de marzo.
Bonos Escolares: Deuda pendiente en bonificaciones adicionales asociadas al bono escolar.
Junto a estos establecimientos, también se reportó la Escuela Paul Harris y la Escuela Argentina con una huelga de brazos caídos.
Las críticas apuntan directamente a la gestión del Servicio Local de Educación Pública (SLEP), organismo que asumió la administración que antes pertenecía a la Corporación Municipal (Cormupa). La falta de claridad en el traspaso de los convenios colectivos y la aparente descoordinación en el pago de asignaciones territoriales mantienen hoy a la educación pública magallánica en un punto de quiebre.