La justicia en Punta Arenas debió resolver un nudo crítico que cruza la seguridad pública con la salud mental. El caso involucra a un hombre con un diagnóstico psiquiátrico de larga data que fue detenido tras agredir a su hermana al interior de su hogar, vulnerando medidas de protección previas. El hecho puso en evidencia la dificultad de procesar penalmente a personas que requieren asistencia clínica urgente más que una sanción carcelaria común.

El vacío legal por falta de peritajes

Durante la audiencia, se presentaron obstáculos técnicos significativos para determinar el futuro del detenido:

• Informes obsoletos: Los antecedentes médicos disponibles databan de 2014, lo que impidió acreditar legalmente la peligrosidad actual necesaria para una internación provisional técnica.

• Red de apoyo limitada: Las víctimas (madre y hermana) son el único soporte del agresor, lo que hacía inviable un arresto domiciliario nocturno o el abandono del hogar, ya que lo dejaría en situación de calle y agravaría su cuadro.

• Riesgo vital: La fiscalía advirtió un peligro inminente para la integridad de las mujeres, quienes paradójicamente solicitaban ayuda médica para el victimario como método de protección.

Resolución: Internación bajo régimen sanitario

Ante la imposibilidad de aplicar cautelares penales estándar, el tribunal optó por una salida asistencial. Se rechazó la internación provisional por falta de peritajes vigentes, pero se decretó una internación administrativa de urgencia bajo el Código Sanitario.

El operativo finalizó con el traslado del paciente en una ambulancia del SAMU desde el Centro de Justicia hacia el Hospital Clínico de Magallanes, escoltado por personal de Gendarmería, con el fin de estabilizar su condición y garantizar, de forma indirecta, la seguridad de su familia.