El tribunal condenó a dos mujeres por los delitos de contrabando aduanero y asociación criminal. Ambas cumplirán sus penas bajo el régimen de Libertad Vigilada Intensiva, lo que les permite cumplir la condena en libertad sujeta a la supervisión de Gendarmería.
La investigación liderada por la fiscalía acreditó que las mujeres formaban parte de una organización que ingresaba mercancía por pasos no habilitados para eludir el control de Aduanas. Según la fiscal Katerina Aranis, los involucrados participaban en toda la cadena de gestión, desde la adquisición hasta la venta.
Como parte de la sentencia, el tribunal ordenó el comiso de activos clave:
Dinero en efectivo: Se incautaron más de 75 millones de pesos hallados en poder de Villegas.
Vehículos: Se decretó la pérdida de automóviles y furgones utilizados para el transporte de la mercancía ilícita.
Un punto relevante del proceso fue la moderación de las sanciones económicas. Aunque inicialmente se solicitaban montos superiores a los 170 millones de pesos, la defensa logró que el tribunal fijara una multa final de 30 millones de pesos para cada una de las sentenciadas, tras acreditar su situación socioeconómica.
Con este dictamen, la fiscalía ratificó que en el caso "concurrieron estos delitos de contrabando aduanero y asociación criminal", cerrando una etapa clave en la persecución de redes ilícitas en la zona austral.