El sistema de justicia penal en Chile contempla diversas alternativas para que los condenados salden sus deudas con la sociedad, pero el agotamiento de estas instancias conlleva consecuencias privativas de libertad. Este es el caso que se resolvió el pasado martes en Punta Arenas, donde una mujer fue formalizada por el incumplimiento de una sentencia dictada en 2025.

De la multa a la cárcel

La imputada mantenía una deuda de 4 Unidades Tributarias Mensuales (UTM). El tribunal, en un intento previo por facilitar el cumplimiento de la condena, le había otorgado la opción de sustituir dicho monto por prestación de servicios en beneficio de la comunidad. No obstante, el informe judicial reveló que esta medida tampoco fue ejecutada por la mujer, lo que derivó en el despacho de una orden de arresto.

Durante la audiencia de control de detención, la mujer manifestó que su precaria situación económica y bajos ingresos diarios le impedían costear la sanción. Sin embargo, el magistrado fue tajante: ante el fracaso de las medidas alternativas, la ley establece un canje penal automático. En este contexto, se resolvió que el monto adeudado equivale a 12 días de reclusión efectiva en el complejo penitenciario de la ciudad.

Posibilidad de libertad inmediata

Pese al ingreso inmediato a la cárcel, el juez aclaró que el cumplimiento de la pena puede detenerse en cualquier momento. Si la imputada o sus familiares logran reunir y pagar el total de las 4 UTM ante la administración del tribunal, la orden de reclusión quedará sin efecto de manera instantánea, permitiéndole recuperar su libertad antes de completar los 12 días.

Cierre de otras causas

En la misma audiencia se revisó una causa paralela del año 2025 por el delito de amenazas a Carabineros. En este punto, el Ministerio Público comunicó formalmente su decisión de no perseverar en la investigación, cerrando dicho proceso por falta de antecedentes o acuerdos previos, concentrando la acción de la justicia únicamente en el cumplimiento de la pena económica pendiente.