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Programa Mi Abogado cumple 7 años protegiendo a la infancia en Magallanes

general
14/05/2026 a las 15:24
Fernando Cumare
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Con una cobertura superior a los 360 niños, niñas y adolescentes, la iniciativa del Ministerio de Justicia destaca por su modelo de defensa jurídica integral y especializada en la región.

El Programa Mi Abogado (PMA) conmemoró su séptimo aniversario en la Región de Magallanes, consolidándose como un pilar fundamental en el resguardo de los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA) bajo protección del Estado. Desde su llegada en 2019, el programa ha transformado el acceso a la justicia mediante un enfoque multidisciplinario.

Cifras y Cobertura Regional

  • Alcance actual: Más de 360 niños, niñas y adolescentes representados en la región.

  • Equipo profesional: 12 especialistas integran la dotación regional, superando las metas de cobertura proyectadas.

  • Presencia histórica: El programa se constituyó en Magallanes el 1 de abril de 2019.


Un Modelo de Defensa Especializada

La clave del éxito del PMA radica en la tríada psicosociojurídica, un equipo compuesto por abogados, psicólogos y trabajadores sociales que ofrecen una defensa integral y técnica.

Sobre este impacto, el Seremi de Justicia y DD.HH., Cristóbal Fernández, señaló: “Existe un respeto profesional por la capacidad del PMA para resolver nudos estructurales mediante herramientas jurídicas”.


Hitos de Gestión (2019–2026)

El programa no solo actúa en tribunales de familia, sino que ha marcado precedentes en causas penales de alta complejidad:

  1. Justicia Penal: Participación como acusador particular en delitos graves, logrando condenas de presidio perpetuo calificado.

  2. Salud y Discapacidad: Articulación intersectorial para ampliar las prestaciones especializadas y mejorar la oferta en discapacidad.

  3. Políticas Públicas: Gestión clave para la implementación de dos nuevas residencias estatales en la región.

Esta iniciativa, dependiente de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), reafirma su compromiso con el mandato de la Ley 21.430, garantizando que el acompañamiento a la infancia vulnerable sea de alta calidad y con enfoque de derechos.

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