El Juzgado de Garantía de Punta Arenas decretó la medida cautelar de prisión preventiva para Luis Carimoney Díaz y Gabriela García Lemos, imputados por el violento homicidio de un adulto mayor de 70 años, identificado como Ángel Luis Pardo.
El crimen, perpetrado con un arma blanca al interior del domicilio de la víctima en el Pasaje Plaza Sur, quedó al descubierto tras una exhaustiva investigación científica liderada por la Fiscalía de Magallanes en conjunto con las unidades especializadas de Carabineros, OS9 y LABOCAR.
A pesar de que la pareja intentó eludir a la justicia simulando el hallazgo casual del cadáver días después del ataque, el trabajo de las secciones policiales forenses resultó fulminante. El cruce de pruebas biológicas, peritajes de ADN y el registro de cámaras de seguridad sepultaron su versión inicial.
Al respecto, el Jefe de Zona de Carabineros, General Marco Alvarado, destacó la rigurosos peritajes: "Es un trabajo muy metódico que requiere necesariamente de peritajes y de evidencia, y ese levantamiento de información es muy importante para poder lograr las respectivas condenas".
Ante la contundencia de la evidencia, la imputada prestó una nueva declaración reconociendo que aportaron antecedentes falsos para desmarcarse del suceso.
El fiscal del caso, Fernando Dobson, precisó la calificación de los cargos: "Se pudo establecer esta dinámica del hecho en que se pudo determinar quién era el autor material y asimismo la participación o en este caso labores de encubrimiento que realizó la pareja de este imputado".
Un antecedente clave que influyó en la máxima medida cautelar es que ambos involucrados se encontraban quebrantando condenas previas de reclusión nocturna domiciliaria al momento de cometerse el homicidio.
Actualmente, Luis Carimoney (sindicado como autor material) ya se encuentra recluido en el complejo penitenciario de Punta Arenas extinguiendo una pena efectiva por otros delitos. Por este motivo, la nueva cautelar de prisión preventiva en su contra comenzará a regir de manera anticipada apenas recupere su libertad por la causa anterior.
El Juzgado de Garantía de la capital regional fijó un plazo de investigación de 60 días para el cierre definitivo de las diligencias.