La sesión del Consejo Regional de ayer no fue una más. El punto en tabla era la solicitud de $504.534.120 adicionales para la empresa a cargo de demoler la emblemática estructura del ex Hospital Regional. La razón: el surgimiento de asbesto, un mineral de construcción antiguo que, al ser fragmentado, libera fibras cancerígenas que exigen un retiro bajo estrictas normas de confinamiento.

Posturas encontradas y descalificaciones

El debate llegó al pleno con un precedente tenso: la comisión de Infraestructura había recomendado rechazar el aumento. Los consejeros opositores a la medida cuestionaron cómo una empresa experta en demolición no previó que una estructura de esa antigüedad contendría asbesto. Según este bloque, el costo debería haber sido asumido dentro del presupuesto original de la licitación.

Sin embargo, el Gobernador Jorge Flies y los cores que apoyaron la moción enfatizaron en el pragmatismo y la salud pública. Argumentaron que detener la obra ahora, tras más de una década de abandono del edificio, implicaría riesgos legales y sanitarios inaceptables. "En lo técnico, se debe resguardar la seguridad de la comunidad", fue la consigna para defender el protocolo de encapsulamiento y disposición final en vertederos autorizados.

La votación final

El intercambio subió de tono hasta derivar en imputaciones personales y visiones partidistas que dividieron la mesa. No obstante, al momento de la votación, 8 consejeros rechazaron la sugerencia de la comisión (que pedía no pagar), mientras que 6 mantuvieron su voto en contra y hubo una abstención.

Con este resultado, el proyecto recibe luz verde para realizar el transporte especializado y rotulado del material, despejando el camino para que el terreno en el corazón del Barrio Prat finalmente pueda albergar el futuro edificio consistorial, terminando con un foco de inseguridad y abandono que ha marcado la última década de Punta Arenas.