La situación del concejal Jorge Ruiz se ha vuelto crítica tras confirmarse su detención por parte de la Segunda Comisaría de Carabineros. Aunque el hecho se gestó en un control vehicular, las repercusiones han llegado hasta el Tribunal de Garantía y el edificio consistorial de la Provincia de Última Esperanza.

El revés de la Fiscalía

Durante la mañana de este miércoles, la fiscal Paula Hott informó que el Ministerio Público buscó asegurar la comparecencia inmediata del imputado ante el tribunal. "La Fiscalía solicitó la orden de detención al Tribunal de Garantía de Puerto Natales, la que no fue concedida", explicó Hott. Debido a esto, Ruiz quedó en libertad y será formalizado en el mes de junio, instancia donde se le comunicarán los cargos por conducción en estado de ebriedad y se discutirán las medidas cautelares, como la retención de su licencia de conducir.

Municipio acusa "comportamiento inadecuado" previo

La Municipalidad de Puerto Natales no tardó en reaccionar, emitiendo un comunicado donde manifiesta un "rechazo tajante y sin matices". Sin embargo, la mayor revelación del documento apunta a la conducta del edil en el ejercicio de sus funciones: el municipio denunció que en la Sesión Ordinaria N°71, celebrada apenas un día antes del incidente vial, Ruiz registró un comportamiento impropio frente a la Dirección de Vialidad.

La administración municipal sospecha que esta conducta, que se habría repetido anteriormente, podría estar vinculada al consumo de sustancias. "Estamos recabando información oficial para esclarecer en qué estado se presentó el concejal a dicha sesión ordinaria", señala el texto oficial, enfatizando que un cargo público no otorga inmunidad frente a la ley.

Acciones legales en curso

El departamento jurídico de la municipalidad ya se encuentra analizando los antecedentes para oficiar a las instituciones correspondientes. El objetivo es determinar si las faltas de Ruiz constituyen un abandono de deberes o contravenciones graves a la probidad, lo que podría llevar el caso ante el Tribunal Electoral Regional (TER). Por ahora, el concejal deberá esperar la citación judicial de junio, mientras la presión política por su renuncia o sanción aumenta en la capital de Última Esperanza.

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