Con un balance positivo finalizó en Punta Arenas el seminario especializado para la aplicación del "Manual para la investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género", una herramienta que adapta estándares internacionales a la legislación chilena vigente. El encuentro, realizado en el CADI-UMAG, reunió a fiscales, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) para optimizar el trabajo científico en el sitio del suceso.
Uno de los puntos clave del encuentro fue el análisis de las estadísticas criminales. Ivonne Sepúlveda, directora de la Unidad Especializada en Género de la Fiscalía Nacional, explicó que mientras los casos consumados se mantienen estables, los femicidios frustrados y tentados han aumentado debido a una mejor calificación jurídica: "Aquellas situaciones que antes eran calificadas como lesiones menos graves, por ejemplo, un apretón de cuello, hoy son consideradas y calificadas jurídicamente como femicidios".
El nuevo manual establece un cambio de paradigma obligatorio para los equipos investigadores desde el primer momento del hallazgo. Sebastián Aguilera, abogado de la Unidad de Género de la Fiscalía Nacional, destacó que el protocolo exige manejar siempre como hipótesis inicial que se trata de un delito de género, ya sea que la muerte parezca un accidente o un suicidio, agotando todas las líneas de investigación antes de descartarlo.
La fiscal jefe de Punta Arenas, Johana Irribarra, advirtió que estos casos no son aislados en la zona y relevó la urgencia de coordinar a las instituciones para proteger a las víctimas de agresiones frustradas o tentadas. Para responder a esta exigencia, Carlos Vásquez, prefecto inspector y Jefe de la Región Policial de Magallanes de la PDI, confirmó que la institución dispone de la Brigada de Homicidios, la Brigada de Investigación Criminal y laboratorios periciales especializados para abordar de forma inmediata la violencia de género en la región.
Con la implementación de este manual, la Fiscalía y las policías de Magallanes consolidan un estándar obligatorio que optimiza la recolección de evidencia y asegura la debida diligencia desde las primeras horas de investigación. El objetivo final de las instituciones locales es garantizar procesos judiciales rigurosos, evitar la impunidad y asegurar condenas efectivas en los tribunales frente a las expresiones más extremas de la violencia de género.
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