El procedimiento se gestó alrededor de las 17:00 horas, cuando la trabajadora social ingresó al complejo penitenciario con el fin de realizar entrevistas socio-jurídicas programadas. Sin embargo, la actitud de la profesional o la rigurosidad de los controles preventivos permitieron a los centinelas detectar una irregularidad en sus implementos de trabajo.

El hallazgo de la evidencia

Al revisar una carpeta institucional que la mujer portaba, los funcionarios penitenciarios descubrieron un paquete adherido con cinta adhesiva. En su interior se encontraban dos teléfonos celulares, elementos cuya tenencia está estrictamente prohibida para los internos debido al riesgo que representan para la seguridad pública y la coordinación de delitos desde el interior del penal.

Formalización y custodia policial Tras el decomiso, Gendarmería notificó al Ministerio Público, procediendo a la detención inmediata de la profesional dentro del recinto. Por instrucción del fiscal de turno, la mujer fue entregada a la Brigada de Investigación Criminal de la PDI para las diligencias de rigor. La imputada pasó la noche en el cuartel policial y será puesta a disposición del Juzgado de Garantía de Punta Arenas durante la mañana de este miércoles para su control de detención.

Reacción de la Defensoría

Desde la Defensoría Penal Pública confirmaron el hecho y tomaron distancia del accionar de la funcionaria, aclarando que pertenece a una empresa externa que presta servicios licitados. Junto con solicitar un reemplazo para no interrumpir la atención de los internos, la institución informó el inicio de un proceso sancionatorio contra la empresa contratista por esta grave falta a la probidad y a la normativa penitenciaria vigente.

Este caso vuelve a poner el foco en la necesidad de extremar la vigilancia sobre los profesionales que, valiéndose de sus credenciales, intentan colaborar con el ingreso de elementos prohibidos a las cárceles de la región.