El sistema de corrupción operaba con una lógica de intercambio de favores que la fiscal Johanna Irribarra describió como una búsqueda de impunidad total. Ulloa Calbuyahue utilizaba su cargo administrativo en la empresa de transporte marítimo para emitir pases liberados que beneficiaron a cuatro oficiales y suboficiales de la Tercera Comisaría de Porvenir, además de a sus familiares directos.

Favores por más de 3 millones de pesos

La investigación determinó que el monto de los beneficios otorgados por el civil superó los $3.500.000. A cambio de estos pasajes para cruzar el Estrecho de Magallanes, los funcionarios policiales garantizaban al imputado una suerte de "blindaje" legal.

Según detalló la persecutora, este trato permitía a Ulloa transitar por las calles de Porvenir sin licencia de conducir ni la documentación obligatoria de sus vehículos motorizados, con la certeza de que nunca sería fiscalizado o sancionado. Además, el acusado utilizaba su influencia para exigir que la policía realizara servicios de seguridad diseñados a su medida y conveniencia personal.

La recta final del proceso

"Estamos pidiendo 7 años en la acusación; es lo que queda de la causa que también involucró a los carabineros, donde los funcionarios ya fueron condenados en juicios abreviados, y nos quedó solamente el civil", explicó la fiscal Irribarra.

El Ministerio Público no solo busca la pena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo, sino también una sanción económica ejemplar: una multa equivalente al doble del beneficio sobornado, cifra que asciende a $7.089.020. Con este juicio, se cierra el círculo de una red de corrupción que afectó la fe pública y la confianza en la institución policial en una de las zonas más aisladas de la región.