El Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la PDI de Punta Arenas entregó un balance sobre el control migratorio en la región. En lo que va del año, la policía civil ha materializado un total de 11 expulsiones administrativas, afectando principalmente a ciudadanos de nacionalidades colombiana y dominicana por infracciones a la legislación vigente.

Los operativos de control se han desplegado de manera continua en localidades estratégicas como Puerto Natales, Porvenir, Punta Arenas y Puerto Williams. Según explicó el jefe de la unidad regional, comisario Leonardo Alegría, la PDI cumple roles clave que van desde la fiscalización en terreno hasta la denuncia y ejecución final de las salidas del país cuando los decretos quedan firmes.

¿Cómo funcionan las expulsiones en Chile?

La legislación chilena contempla dos mecanismos distintos para retirar a un ciudadano extranjero del territorio nacional: la vía administrativa y la vía judicial. El comisario Alegría aclaró que, a nivel local, casi el 100% de los casos actuales corresponden a expulsiones de carácter administrativo.

La diferencia principal radica en el cumplimiento de las penas:

• Expulsión Judicial: Es decretada por un juez de garantía. Funciona como una sustitución de la condena (remisión condicional), lo que significa que el infractor no va a la cárcel en Chile, sino que es expulsado inmediatamente con la prohibición de regresar al país por un lapso de 10 años.

• Expulsión Administrativa: Es dictada directamente por el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG). En este escenario, si el ciudadano extranjero cometió un delito, primero debe cumplir la condena impuesta en el recinto penitenciario chileno y, una vez finalizada, la PDI procede a ejecutar su salida forzosa del territorio.

Desde la PDI confirmaron que las fiscalizaciones aleatorias y los controles policiales en la Región de Magallanes se mantendrán de forma permanente para detectar situaciones de irregularidad migratoria.