Un terremoto político y administrativo de proporciones nacionales sacude a las direcciones de tránsito de casi la totalidad del país. Un informe de auditoría masiva emanado por la Contraloría General de la República (CGR) destapó la entrega generalizada e irregular de permisos de circulación en 322 de las 345 municipalidades de Chile, lo que representa un alarmante 93% del total institucional. La investigación constató que miles de propietarios de vehículos motorizados lograron obtener sus documentos de circulación entre los años 2022 y 2025 a pesar de mantener suculentas multas de tránsito impagas en el Registro de Multas de Tránsito No Pagadas, vulnerando de forma flagrante lo estipulado en la Ley N° 18.287.

En la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, el cruce de datos arrojó un total de 398 permisos otorgados fuera de la norma legal. Ante la gravedad de los hechos, el órgano contralor ordenó la apertura inmediata de sumarios administrativos e instruyó el envío de las carpetas al Ministerio Público ante la eventual existencia de delitos funcionarios como cohecho, prevaricación o fraude.

El mapa de las anomalías en la Región de Magallanes

El reporte del ente fiscalizador desglosó el comportamiento de las patentes objetadas en la zona austral, concentrándose el grueso de las irregularidades en las comunas con mayor parque automotriz, pero salpicando también a localidades rurales de la pampa:

•  Punta Arenas: Es por lejos la comuna más afectada de la región con 283 permisos bajo la lupa.

•  Torres del Paine: Registra 48 casos fuera de norma.

•  Puerto Natales: Anota 22 documentos con inconsistencias.

•  Comunas Rurales: El resto de las infracciones se distribuye en menor escala en los municipios de Timaukel, Río Verde y Laguna Blanca.

Radonich apunta a caídas del sistema: "No hay intervención manual"

Consultado por el impacto de la noticia, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, frenó las alarmas y manifestó que la corporación aún no ha sido notificada formalmente por los canales institucionales de la Contraloría, enterándose del dictamen a través de la prensa:

“Hasta ahora no nos ha llegado absolutamente nada formal a la municipalidad. Entendemos que son 283 casos asignados a Punta Arenas, pero necesitamos con urgencia que nos indiquen las patentes, los RUT y los datos asociados. Con solo un número global es muy difícil poder esclarecer administrativamente qué ocurrió. El 75% de este trámite se realiza vía internet de forma automatizada; muchas veces se cae la página de la Subdere o no funciona bien el cruce de datos externo con el Registro Civil. Queremos revisar caso a caso cuando tengamos la información completa, porque nuestros sistemas están 100% en línea y aquí no hay intervención manual de funcionarios”, aclaró el jefe comunal.

Alcaldesa de Río Verde acusa a la CGR de generar desinformación

Quien mostró una postura significativamente más crítica frente al procedimiento de la Contraloría fue la alcaldesa de Río Verde, Tatiana Vásquez. La autoridad lamentó que el organismo exponga públicamente a los municipios en los medios de comunicación sin otorgarles el derecho a réplica técnica o defensa previa.

Vásquez aclaró que el polémico documento de la CGR no es el resultado de una fiscalización presencial o detallada:

"Es fundamental aclarar a los vecinos que esto corresponde a un análisis masivo y automatizado de bases de datos a nivel nacional (CIC), y no a una auditoría específica o en terreno realizada en las dependencias de este municipio o de los restantes. Este tipo de procedimientos informáticos sistemáticos no contempla una etapa de notificación previa a las municipalidades, lo que nos impide aclarar inconsistencias de forma interna antes de que explote en las redes sociales. Es habitual que en estos cruces masivos existan desfases de fechas o errores de actualización de plataformas externas. Difundir estos datos al voleo solo alimenta una desconfianza y un sesgo negativo creciente hacia las instituciones públicas. Al publicar reportes globales sin verificar en terreno, es la propia Contraloría la que genera desinformación y transmite una idea equivocada sobre la gestión municipal", fustigó con dureza la alcaldesa de Río Verde.

Tanto Radonich como Vásquez concluyeron señalando que colaborarán activamente una vez que las nóminas de patentes sean liberadas por la CGR, con el fin de iniciar las investigaciones internas pertinentes y subsanar los errores informáticos detectados en las bases de datos.

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