El pleno de la Corte Suprema de Chile adoptó una drástica e histórica determinación que profundiza la crisis de probidad al interior del sistema judicial chileno. El máximo tribunal del país acordó de forma unánime abrir 42 nuevos cuadernos de remoción en contra de jueces y juezas que salieron del territorio nacional mientras se encontraban bajo el amparo de licencias médicas vigentes, una conducta calificada como de la máxima gravedad por la cúpula judicial.

La resolución, informada oficialmente por la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, se suma a otros 14 procesos de idéntica naturaleza resueltos durante la semana pasada, totalizando hasta la fecha un universo de 56 expedientes de destitución en curso.

Un blindaje a la fe pública y a la idoneidad del cargo

De acuerdo con lo detallado por la ministra Chevesich, la apertura de estos cuadernos se concretó tras revisar una serie de investigaciones disciplinarias complejas que fueron instruidas en diversas jurisdicciones de las Cortes de Apelaciones del país. La presidenta del tribunal de alzada fue categórica en separar las aguas respecto a las multas o amonestaciones tradicionales de la judicatura:

“La finalidad de esta rigurosa e inédita medida es resguardar la fe y la confianza pública de la sociedad en el Poder Judicial. El procedimiento de remoción es una vía independiente de las sanciones disciplinarias de baja intensidad aplicadas internamente por las Cortes de Apelaciones del territorio; tiene como única y estricta finalidad determinar si el mal comportamiento y la conducta de un juez afecta o destruye de forma definitiva su idoneidad ética y profesional para continuar desempeñando el cargo público. El bien jurídico protegido en estos casos es la fe pública y la integridad institucional, no la disciplina de pasillo judicial”, argumentó firmemente la magistrada.

El desglose de las votaciones: El criterio técnico del pleno

Un cuaderno de remoción corresponde a un procedimiento administrativo especial contemplado por la Constitución para tramitar la remoción de un integrante de los tribunales por mal comportamiento. Su apertura formal no implica una destitución automática o inmediata, sino el inicio de un litigio donde el magistrado imputado goza del derecho a presentar sus descargos y defensas técnicas antes del veredicto final.

La ministra Gloria Ana Chevesich desglosó cronológicamente la forma en que el pleno limpió y revisó el alto volumen de causas acumuladas durante las últimas sesiones de trabajo del tribunal de alzada:

•  Lunes 8 de junio: El máximo tribunal revisó 15 apelaciones presentadas por miembros de la judicatura sancionados en investigaciones previas. La Suprema confirmó las resoluciones y acordó abrir los primeros 14 cuadernos de remoción.

•  Martes 9 de junio: Se analizaron 25 expedientes que terminaron en absolución, resolviendo no iniciar procesos de remoción. El pleno concluyó que los antecedentes no lo justificaban, tratándose de magistrados que se enfermaron fortuitamente en el extranjero mientras gozaban de feriados o permisos autorizados, o que marcaron positivo por contagio de covid-19 al reingresar al país.

•  Lunes 15 de junio: El pleno revisó un macrobloque de 64 procesos disciplinarios ejecutados que no fueron apelados por los involucrados. Tras una extensa deliberación, los ministros acordaron abrir 42 cuadernos de remoción, rechazaron aplicar la medida en otros 13 casos y dejaron 9 pendientes debido a un empate exacto en la votación.

Notificación inmediata y el debate por las suspensiones

La presidenta del máximo tribunal del país aclaró que la totalidad de las causas analizadas hasta esta fase corresponden de forma exclusiva a jueces y juezas pertenecientes al escalafón primario del Poder Judicial chileno.

Respecto a los pasos procesales a seguir, Chevesich informó que las resoluciones se despacharon de forma telemática para iniciar la notificación inmediata de cada uno de los magistrados afectados. Una vez que se concrete el flanco administrativo, tanto el juez bajo la lupa como su respectiva Corte de Apelaciones de origen dispondrán de un plazo habitual e improrrogable de cinco días hábiles para evacuar los informes de descargo requeridos por la Corte Suprema.

Finalmente, consultada sobre si estos 56 jueces de escalafón primario serán apartados temporalmente de sus funciones de administrar justicia en los tribunales locales mientras se tramitan los cuadernos de destitución, la ministra reconoció que el debate sobre la suspensión provisional de funciones no formó parte de la última tabla, por lo que la materia será abordada con prioridad en la sesión ordinaria del pleno fijada para el próximo lunes.