Una verdadera tormenta política que sacude los cimientos institucionales del Gobierno Regional (Gore) y abre un manto de serias sospechas sobre el manejo del patrimonio fiscal de la zona austral se desató en las últimas horas. La publicación de un reportaje de investigación por parte de este medio, el cual desnudó con cifras contables los millonarios gastos en personal y el nulo avance en la cartera de proyectos de la Corporación de Desarrollo de Magallanes (Cormag), gatilló una dura e inmediata ola de reacciones de fiscalización.

El actual diputado por la Región de Magallanes, Alejandro Riquelme, quien conoció en detalle los orígenes de dicha corporación de derecho privado durante su pasado período como consejero regional (Core), alzó la voz para fustigar lo que catalogó como una desnaturalización fraudulenta de los propósitos estratégicos de la entidad, apuntando sus dardos directamente a la actual administración sectorial.

"Medio millón de dólares en sueldos a operadores políticos"

Riquelme criticó con extrema dureza el destino final de los fondos presupuestarios que debían apalancar el progreso de las provincias magallánicas, lamentando el desvío sistemático de los objetivos fundacionales de la Cormag en beneficio de cuotas partidarias:

Los Dardos del Fiscalizador: “La Cormag nació en el papel con muy buenas intenciones de fomento, pero en la práctica dura ha terminado siendo una mera estructura burocrática que ha gastado medio millón de dólares en sueldos destinados a operadores políticos, sin exhibir un solo resultado o proyecto concreto que justifique éticamente la quema de esos recursos públicos. No ha existido un sistema transparente ni llamado a concursos públicos de oposición para proveer su planta ejecutiva que asegure idoneidad; hoy quienes la dirigen son solo reconocidos operadores políticos”, fustigó el legislador de la zona.

Frente a la gravedad de los antecedentes financieros expuestos en la crónica periodística, el parlamentario de la república confirmó que ya ingresó los requerimientos formales ante el máximo organismo fiscalizador del país para frenar de golpe estas anomalías administrativas:

Oficio a Contraloría: “Por la gravedad de los hechos, hemos solicitado formalmente un pronunciamiento vinculante de la Contraloría General de la República respecto de la obligación legal de realizar concursos públicos transparentes para proveer sus cargos. Asimismo, exigimos que se revise el estricto cumplimiento del artículo 101 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, el cual establece con total claridad que los proyectos ejecutados por estas corporaciones sólo pueden ser financiados hasta en un 50% con recursos directos del Gobierno Regional”, precisó Riquelme.

El "truco" de la valorización de aportes bajo la lupa

Uno de los puntos más controvertidos e intrincados de la denuncia radica en las sospechas técnicas sobre la forma en que la Cormag declara cumplir con las exigencias del financiamiento compartido (co-inversión) que le impone la normativa legal chilena.

Al respecto, el diputado Riquelme desnudó la supuesta "ingeniería contable" que estarían utilizando los directivos de la corporación para sortear los controles internos:

"La gran duda jurídica y financiera que debe despejar el contralor es que hoy se ha estado utilizando un cuestionable mecanismo de ‘valorización de aportes’, lo que en la práctica no constituye realmente financiamiento fresco o inyección de dinero por parte de los socios privados. Todo indica que se está utilizando esta figura para aparentar el cumplimiento de ese requisito del 50% legal, cuando en la cruda realidad los recursos para pagar los sueldos provienen mayoritariamente de las arcas públicas del Gobierno Regional", desglosó el parlamentario.

Finalmente, la autoridad legislativa por la zona extrema hizo un fuerte y emplazador llamado a los consejeros regionales y a la comunidad a resguardar las prioridades presupuestarias de las familias magallánicas, concluyendo de manera tajante: "Los escasos recursos de nuestra región deben destinarse por ley al desarrollo integral de Magallanes y sus comunas, y no transformarse bajo ningún punto de vista en una herramienta financiera para sostener la estructura política del gobernador y su círculo de cercanos", sentenció.