Un control preventivo y de rutina inserto en las estrategias de fiscalización interagencial destinadas a blindar las vías de conectividad de la zona extrema del país neutralizó un traslado de sustancias ilícitas. Un ciudadano de 31 años de edad fue detenido en el Aeropuerto Internacional Presidente Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas, en los precisos instantes en que realizaba los trámites de embarque para abordar un vuelo comercial con destino a la ciudad de Santiago.

La detección del ilícito se desencadenó en la zona de Policía Marítima y revisión de equipajes, andén donde un can detector de drogas perteneciente a las dotaciones del Servicio Nacional de Aduanas y del recinto aeroportuario realizó una marcación positiva y delatora sobre la silueta del viajero, alertando de inmediato a los fiscalizadores de turno.

Oculto entre las ropas: Infracción al artículo cuarto

Ante la señal de alerta del ejemplar canino, los funcionarios aduaneros activaron los protocolos de seguridad y trasladaron de forma inmediata al sospechoso hacia una sala de custodia y revisión exhaustiva. El fiscal a cargo del caso, Oliver Rammsy, detalló la dinámica del hallazgo corporal:

?????El Reporte de Fiscalía: “El imputado pretendía abordar un avión rumbo a la capital. Fue controlado de forma rutinaria por personal de Aduanas y del aeropuerto con un perro detector de drogas, y el can marcó con fuerza. En la sala de revisión privada se descubrió que el sujeto ocultaba meticulosamente entre sus vestimentas una bolsa plástica contenedora de 4,3 gramos de clorhidrato de cocaína en polvo”, precisó el persecutor Rammsy.

Tras ejecutar la respectiva prueba de campo y los análisis químicos de rigor en el mismo terminal aéreo, los reactivos confirmaron de forma preliminar que se trataba de la mencionada sustancia clorada, procediéndose a la lectura de sus derechos y a su detención inmediata por parte de las fuerzas de orden.

Periciarán teléfono celular en busca de un tráfico mayor

Durante la audiencia de control de la detención y formalización de la investigación ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, la Fiscalía Local le imputó formalmente cargos por la infracción al artículo cuarto de la Ley 20.000, delito tipificado en la legislación chilena como microtráfico de estupefacientes.

Junto con la formulación de cargos, el fiscal Oliver Rammsy solicitó al tribunal la autorización para ejecutar una diligencia de carácter intrusivo: el alzamiento del secreto tecnológico y la incautación del teléfono celular del imputado. El fin de esta maniobra es someter el aparato a peritajes de las brigadas especializadas para determinar si existen mensajes, giros de dinero o antecedentes que apunten a que la droga incautada forma parte de un engranaje de contrabando o tráfico de mayor envergadura en la Región de Magallanes.

Frente al requerimiento del Ministerio Público, la defensa penal pública del imputado accedió de forma totalmente voluntaria a proporcionar las claves de desbloqueo y acceso del dispositivo electrónico, bajo la condición de que los peritos extraigan única y estrictamente información ligada a esta causa criminal. Al cierre del debate de cautelares, la magistrada resolvió decretar la medida de arraigo regional, dejando al sujeto con la prohibición absoluta de abandonar el territorio magallánico, fijando además un plazo de 60 días para el cierre formal de la investigación.

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