Una profunda incertidumbre laboral y un inminente escenario de desabastecimiento en los servicios de movilidad urbana mantiene en alerta máxima a los gremios de transportes digitales en las zonas extremas del país. A más de tres años de su promulgación, la entrada en vigencia de la denominada "Ley Uber" (Ley EAT) sigue sumida en un complejo gallito técnico y administrativo.

Un nuevo y lapidario estudio elaborado por el economista David Bravo, director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, encendió las alarmas al advertir que las drásticas exigencias contempladas en el reglamento en discusión provocarían una fuerte e histórica reducción en la cantidad de conductores disponibles en las plataformas digitales, un golpe directo al empleo informal y complementario.

La publicación de este análisis coincide con un duro revés para el Gobierno: la Contraloría General de la República tomó la determinación de rechazar las últimas modificaciones propuestas por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) al borrador del reglamento, argumentando formalmente que los cambios introducidos por el Ejecutivo carecían de los fundamentos técnicos y jurídicos suficientes para ser visados.

Magallanes en el ojo de la tormenta: Parque automotor envejecido

El escenario delineado por el Centro UC cobra una relevancia crítica para regiones como Magallanes y de la Antártica Chilena, zona geográfica donde aplicaciones como Uber, DiDi y Cabify se han transformado en un pilar fundamental de la conectividad y la seguridad ciudadana. Si bien las multinacionales no liberan cifras oficiales públicas de su dotación en la Patagonia, estimaciones del sector privado apuntan a varios cientos de conductores operando de manera regular en Punta Arenas, consolidándose con fuerza durante los horarios nocturnos, fines de semana y en sectores periféricos donde la locomoción colectiva tradicional o los radiotaxis resultan escasos o insuficientes ante las extremas condiciones climáticas.

El principal punto de conflicto del reglamento radica en la exigencia regulatoria de que los vehículos adscritos tengan una antigüedad máxima de diez años. Los cálculos matemáticos del informe son categóricos:

• Impacto Nacional: Esta condicionante técnica dejaría fuera de circulación de manera inmediata a cerca del 35% de los conductores activos de Chile.

•  Impacto en Magallanes: En la zona austral, la realidad es bastante más cruda. El informe estima que un 45% de los actuales conductores magallánicos no cumpliría con el requisito de los 10 años, debido al envejecimiento promedio y la baja tasa de renovación que registra el parque automotor regional.

La barrera de la Licencia Profesional: 102 mil damnificados

La crisis de disponibilidad de oferta vehicular podría agravarse de forma terminal con la obligación legal de que todos los operadores porten una licencia de conducir profesional (Clase A3) para poder conectarse a las plataformas.

David Bravo sostuvo que esta exigencia administrativa por sí sola dejaría fuera de las aplicaciones a un rango de entre el 75% y el 80% de los conductores que hoy prestan servicios. Al cruzar y consolidar matemáticamente ambos requisitos (antigüedad del móvil y licencia profesional), el Centro UC concluye que cerca de 102 mil de los 136 mil conductores activos a nivel nacional quedarían imposibilitados de seguir trabajando bajo el nuevo ordenamiento jurídico.