Una severa escalada judicial que amenaza con golpear los cimientos de la administración regional y que instala un manto de sospecha sobre el uso de los recursos fiscales destinados a la infancia vulnerable sacude al extremo sur del país. El abogado querellante Juan Srdanovic Arcos solicitó formalmente al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, la designación inmediata de un fiscal especial con dedicación exclusiva para asumir la dirección de la causa penal seguida en contra del gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies Añón.

La severa petición del jurista se da en el marco de la investigación por presuntos delitos económicos y de corrupción pública vinculados a la polémica adquisición, mediante la modalidad de trato directo, de un inmueble de propiedad del juez tributario Sergio Vera, recinto que estaba destinado a operar como residencia oficial del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia ("Mejor Niñez").

La clausura municipal: El detonante de la ofensiva legal

El elemento definitivo que precipitó la solicitud de una intervención extraordinaria de la Fiscalía Nacional fue la reciente clausura física de la propiedad por parte de la Municipalidad de Punta Arenas. Esta sanción administrativa dejó en evidencia que el Gobierno Regional (GORE) ejecutó una inversión de carácter multimillonario por una vivienda que, al momento de la compra y posterior recepción, carecía de las condiciones de infraestructura y los requisitos legales mínimos exigidos por la normativa de urbanismo y salud para el cuidado de menores de edad.

Srdanovic detalló que la envergadura de los hechos y las altas esferas de poder involucradas hacen inviable un tratamiento judicial ordinario, requiriendo garantías reforzadas de independencia:

La Postura del Querellante: “Los hechos investigados involucran caudales públicos de todos los magallánicos y decisiones adoptadas de forma directa por altas autoridades de la región. La ciudadanía tiene el legítimo derecho a que esta causa sea investigada con el máximo rigor técnico, con total celeridad y sin ningún tipo de consideración o blindaje político o institucional. La confianza pública en los tribunales demanda que se garantice una autonomía reforzada frente al poder local”, enfatizó el abogado Juan Srdanovic.

Batería de 30 diligencias y alerta por Lavado de Activos

Junto con el requerimiento enviado a la oficina de Ángel Valencia en Santiago, la parte querellante ingresó formalmente una carpeta con cerca de 30 diligencias investigativas complementarias destinadas a levantar el secreto bancario de los intervinientes y reconstruir la ruta del dinero.

Asimismo, la acción penal exige de forma perentoria que el caso deje de ser visado exclusivamente a nivel local y se ordene la incorporación inmediata de las unidades de élite de la Fiscalía Nacional:

• Unidad de Delitos Económicos y Corrupción Pública.

• Unidad de Lavado de Activos.

Cabe recordar que esta polémica operación comercial ya arrastraba un complejo historial administrativo, luego de que una auditoría de la Contraloría General de la República emitiera duros reparos oficiales en contra del proceso, determinando de forma preliminar que la compra por trato directo violó flagrantemente la normativa legal vigente que regula las adquisiciones del Estado.

El abogado Juan Srdanovic concluyó señalando que espera un pronto y categórico pronunciamiento por parte de la Fiscalía Nacional, advirtiendo de forma tajante que “en Chile ninguna persona puede quedar al margen del estricto escrutinio de la justicia por el cargo que desempeñe, por más alto que este sea”. La ofensiva busca esclarecer el destino final de los fondos públicos magallánicos y fijar las responsabilidades penales correspondientes de la cuestionada transacción.

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