Un exhaustivo rediseño de las tácticas de control fronterizo, persecución criminal preventiva e intervención socioeducativa en los barrios quedó formalmente sellado por el gabinete regional. Tras una extensa y deliberativa sesión del Consejo Regional de Seguridad Pública y Prevención del Delito, las máximas autoridades de la Región de Magallanes votaron y definieron de forma unánime los ejes estratégicos que guiarán los planes de seguridad ciudadana a partir de julio.
La instancia de alto nivel —que coordinó a los ministerios sectoriales, Carabineros, la PDI, Gendarmería de Chile y el Gobierno Regional (GORE)— fue diseñada específicamente para estructurar un blindaje contra elictual adaptado con pertinencia territorial a las complejas variables geográficas, climáticas y de conectividad de la zona austral.
Al cierre de las votaciones de las carteras técnicas, la delegada presidencial regional de Magallanes, Ericka Farías, destacó el alto nivel de consenso y transversalidad alcanzado por los integrantes de la mesa para poner el acento en las amenazas que más golpean a las comunidades:
El Dictamen de la Delegación: “Por una amplia mayoría de los votos de este consejo, el tráfico ilícito de drogas se posicionó como la principal y más urgente preocupación regional, seguido de forma inmediata por el microtráfico en los barrios, los delitos sexuales y la violencia intrafamiliar (VIF). Con esta matriz de priorización validada por las instituciones, iniciaremos de forma obligatoria la ejecución de este plan estratégico regional a partir del próximo mes de julio de 2026 hasta julio de 2027, adaptando cada medida a las características y particularidades de nuestras comunas”, detalló la delegada Farías, añadiendo que se reforzará el control fronterizo con tecnología de punta para frenar las bandas transnacionales de contrabando.
Por su parte, el seremi de Seguridad Pública, Ronald López, relevó el origen metodológico y el soporte presupuestario que garantizará la viabilidad de las medidas, explicando que las directrices se desprenden de forma centralizada desde el nuevo Ministerio de Seguridad Pública hacia el territorio: "Cada institución participante firmó compromisos con acciones concretas. Para asegurar que esto no quede en el papel, el Ministerio y la Subdere dispondrán de asignaciones y recursos financieros extraordinarios destinados a la renovación de luminarias públicas, instalación de cámaras de televigilancia inteligentes y salas de control municipal", ratificó López.
En representación del Ministerio Público, la fiscal regional (s), Johanna Irribarra, valoró el espíritu mancomunado interinstitucional para robustecer la evidencia científica y acelerar las condenas en los tribunales. Irribarra recalcó que los mayores esfuerzos de los fiscales se concentrarán en descabezar los clanes del narcotráfico y perseguir con fuerza los delitos que afectan la indemnidad de las personas.
Específicamente, la jefa (s) del ente persecutor penal detalló que se aplicará una política de tolerancia cero frente a los ataques sexuales, con un especial énfasis en la protección de menores de edad y el combate directo al preocupante fenómeno de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESNNA) en la zona extrema.
A su vez, el Prefecto Inspector de la Policía de Investigaciones (PDI), Carlos Vásquez, alineó los escuadrones de la policía civil con estos objetivos de Estado, advirtiendo sobre las mutaciones delictivas en el sur: "El tráfico de sustancias en sus distintas formas está mutando y se asocia directamente al crimen organizado, el cual rápidamente pasa a otro tipo de violencia letal y al uso ilegal de armas de fuego. Esta es nuestra prioridad número uno a nivel nacional y regional", sentenció Vásquez, agregando que las brigadas criminales no descuidarán el sector rural de la Patagonia, donde el abigeato (robo y faenamiento de animales) continúa afectando de forma activa a los estancieros y productores ganaderos.
Un ítem que capturó gran parte de las alertas del Consejo Regional fue el alarmante incremento de los episodios de violencia escolar en los liceos y colegios de la provincia. Ante esta realidad, las autoridades anunciaron que el seremi de Educación ya se encuentra codificando un plan de seguridad escolar preventivo con un fuerte enfoque de reinserción, centrado en talleres de desarrollo de habilidades blandas, fomento de las artes y disciplinas deportivas.
Dicho programa contempla, además, un estricto seguimiento informático y territorial a los casos de deserción estudiantil y tasas de inasistencia a las aulas, identificando que el abandono escolar es la principal antesala para el ingreso de adolescentes a las redes delictuales locales.
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