Un escenario de profunda desafección institucional, escepticismo crónico ante la igualdad ante la ley y un masivo clamor por el endurecimiento del esquema de castigos sacude los cimientos del aparato público chileno. Los resultados de la última Encuesta Democracia UDP & Feedback revelaron que el sistema judicial del país enfrenta una crisis de percepción multifactorial y transversal.

De acuerdo con el sondeo de opinión, la idea de una "cancha pareja" en los tribunales se desvanece del imaginario social. El 58% de los consultados asegura categóricamente que el desempeño de la judicatura ha empeorado en los últimos años, frente a un 32% que lo ve estancado y un exiguo 9% que nota avances. La brecha de equidad es crítica: un 88% sostiene que el acceso a la justicia está directamente supeditado al poder adquisitivo, el nivel de contactos y el lugar de residencia, dejando apenas a un 11% con la convicción de que el sistema mide a todos con la misma vara. En esta línea, el 90% asume como una realidad incontestable que financiar una defensa costosa es el factor decisivo para ganar un caso penal.

Dolores crónicos: Corrupción y opacidad rozan el 100% de reprobación

El examen al comportamiento de las magistraturas arroja cifras de desaprobación sin precedentes en materia de probidad y oportunidad. El 86% rechaza que la justicia sea imparcial frente al peso político o económico de los involucrados, mientras que el 69% cree que las sentencias se dictan bajo presiones externas. Asimismo, el 84% critica la desconexión temporal de un aparato que llega demasiado tarde para resolver los conflictos cotidianos.

Al evaluar los problemas estructurales del sistema, los encuestados respondieron de manera casi unánime en cuatro áreas críticas que rozan el rechazo absoluto:

Los Cuatro Dolores del Sistema: 

Lentitud procesal: Calificada como un problema grave o muy grave por el 98% de la muestra.

Falta de transparencia: Evaluada negativamente por el 98% de los ciudadanos.

Favoritismo hacia los privilegios: Concentra un 98% de reprobación.

Corrupción institucional: Se consolida como la mayor alarma pública con un rotundo 99% de censura.

Este desplome arrastra a todo el entramado de persecución y justicia, donde ninguna entidad logra superar el umbral del 30% de alta confianza. Los juzgados de familia lideran tímidamente con un 26%, seguidos por la Corte Suprema (21%) y los tribunales militares (20%). En la vereda opuesta, más de la mitad de los chilenos manifiesta tener nula o escasa confianza en los pilares del proceso: la Fiscalía encabeza el desapego con un 57%, secundada por la Corte Suprema (54%), las cortes de apelaciones (52%) y los tribunales de juicio oral (51%). Pese al adverso panorama, el valor de la judicatura permanece intacto: el 88% concuerda en que un sistema eficiente es el motor principal para fortalecer la democracia.

Giro punitivo: Cárcel para cuellos blancos, expulsión y pena de muerte

Frente a la impunidad percibida, las respuestas de la medición revelan un drástico viraje de la sociedad hacia el rigor penal y la severidad regulatoria, postergando las agendas de reinserción social. Una abrumadora mayoría del 94% exige que los delitos económicos de alta gravedad (cuello blanco) reciban presidio efectivo invariable, terminando con los beneficios de penas alternativas.

En sintonía con las tensiones de las fronteras, un 74% plantea que el ingreso clandestino al país debe ser tipificado como un delito grave que derive en cárcel o la expulsión inmediata. La demanda por "mano dura" llega a extremos drásticos: un 61% se declara a favor de restablecer la pena de muerte en el ordenamiento jurídico para crímenes de máxima gravedad, como homicidios múltiples o abusos severos contra menores de edad. Respecto a los fines de la pena, la ciudadanía prioriza el castigo puro al infractor (97%), la reparación a la víctima (93%) y el efecto disuasivo (91%), relegando la rehabilitación al cuarto lugar con un 71% de apoyo.

Seguridad pública y sospechas sobre las cárceles

Al fijar las prioridades que debería liderar el Ejecutivo en la agenda de seguridad, las miradas apuntan al combate de las estructuras complejas: el 53% exige la desarticulación de las bandas de crimen organizado, un 48% pide el endurecimiento penal estricto para delincuentes reincidentes y un 45% apoya levantar el secreto bancario como herramienta financiera estratégica.

Por su parte, el debate sobre el régimen carcelario polariza al país en dos bloques casi simétricos. Mientras un 51% sostiene que se deben resguardar condiciones de vida dignas tras las rejas bajo el argumento de que la única sanción legítima es la privación de libertad, un 49% defiende que el entorno penitenciario debe ser hostil y severo como parte del castigo. Sin embargo, el consenso regresa al analizar la crisis de los penales: un alarmante 91% suscribe que Gendarmería de Chile sufre actualmente la infiltración de mafias criminales en las cárceles.