Un descarnado panorama de vulnerabilidad financiera, pérdidas patrimoniales y críticas directas al diseño de las leyes de protección animal del país remece a los predios ganaderos de la isla grande. La Secretaría Regional Ministerial de Agricultura de Magallanes condenó categóricamente un nuevo y sangriento ataque de perros que culminó con la muerte de 29 ovinos en la comuna de Primavera, contingencia rural informada mediante una declaración pública oficial este jueves 25 de junio de 2026.
El seremi de Agricultura, Juan Ignacio Cavada, enfatizó que este sangriento episodio no constituye un hecho aislado, sino que se suma a una cruda secuencia de ataques que arrastra la Patagonia desde hace años, golpeando el sustento de las familias que mantienen a flote la actividad ganadera ovina en condiciones climáticas y geográficas de extrema exigencia.
El titular de la cartera agrícola aclaró que, si bien la provincia de Tierra del Fuego concentra históricamente las denuncias más graves y masivas de matanzas de animales, este es un fenómeno de escala regional que mantiene en vilo a los estancieros de todas las provincias:
Provincias Afectadas: Las jaurías asilvestradas y los perros de zonas periféricas sin control humano destruyen la producción de familias en Última Esperanza (Puerto Natales), Magallanes (Punta Arenas) e Isla Navarino (Cabo de Hornos).
Falta de Herramientas: La autoridad recalcó que el marco normativo actual desprotege por completo a los campesinos frente a las arremetidas reiteradas de estos animales.
En su análisis de los nudos críticos institucionales, el seremi Cavada apuntó al corazón de la legislación de mascotas, desnudando las falencias técnicas que impiden frenar las matanzas en las estancias chilenas:
El Diagnóstico Normativo: “La Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía (conocida como 'Ley Cholito') fue diseñada exclusivamente para perros con dueño formal dentro de un contexto urbano o domiciliario, quedando totalmente obsoleta para abordar las dinámicas de las poblaciones ferales o asilvestradas que se reproducen sin ningún tipo de vínculo humano en los campos de la región. En paralelo, el reglamento de la Ley de Caza no incluye hoy a los perros asilvestrados en el listado de especies dañinas, dejando desprovista de herramientas de control efectivas a la Patagonia y a todo el país”, argumentó Cavada.
El resultado de este vacío legal es un complejo entramado de inacción estatal: actualmente, ni el Ministerio de Medio Ambiente, ni el Ministerio de Agricultura, ni el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) poseen facultades legales para intervenir con la celeridad que demanda la muerte de los piños. Incluso, el propio productor afectado carece de mecanismos legales seguros para defender su propiedad frente a una jauría que ataca de forma sistemática.
Frente a la vulnerabilidad económica de la provincia, el seremi de Agricultura confirmó que el Gobierno central se encuentra redactando una contrapropuesta administrativa de emergencia.
Los equipos jurídicos de Santiago y Magallanes trabajan a toda máquina en una modificación reglamentaria a la Ley de Caza que reconozca explícitamente a las jaurías de perros asilvestrados como una especie dañina. Esta reforma busca entregar atribuciones operativas claras y seguras tanto a los fiscalizadores del SAG como a los productores rurales de todo Magallanes para repeler las agresiones y proteger el patrimonio ganadero de la zona austral, un documento técnico que avanza con carácter de prioridad presidencial.
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