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Prisión preventiva para imputado por tráfico de marihuana en Punta Arenas

tribunales
25/06/2026 a las 19:04
Fernando Cumare
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El análisis de los mensajes de texto de su teléfono móvil acreditó que el detenido comercializaba cannabis de forma habitual, desestimando la tesis de microtráfico planteada por la defensa.

La Fiscalía de Magallanes obtuvo la prisión preventiva de Héctor Fabián Tenorio Torres por el delito de tráfico de drogas, tras un operativo de entrada voluntaria en su domicilio de pasaje Jorge Sharp, en Punta Arenas. En el inmueble, Carabineros incautó un sistema de cultivo indoor y 62 gramos de cannabis sativa en proceso de secado.

Este procedimiento es una ramificación directa de una causa penal de mediados de mayo, donde se desbarató un laboratorio con más de dos kilos de marihuana pertenecientes a su medio hermano, Cristian Torres, apodado "Pipo".

Evidencia telefónica descarta microtráfico

Durante la audiencia de formalización, la defensa solicitó calificar el hecho como microtráfico (Artículo 4) debido al bajo pesaje de la sustancia hallada. No obstante, el Ministerio Público exhibió el vaciado de datos del celular del encausado, el cual reveló chats explícitos entre ambos hermanos desde el año 2024 que coordinaban cosechas, stock y ventas de droga.

Al respecto, el fiscal Oliver Rammsy destacó que la evidencia digital permitió demostrar que no se trataba de un hecho aislado, sino de una actividad comercial permanente: "En este caso eran menos de 100 gramos, pero había habitualidad, había conversaciones, había transacción, había transacción de dinero, etcétera, demostraba que había un negocio instalado. Y por eso el juez dictó prisión preventiva porque entendió que se incluía en el artículo tercero de la ley de drogas que establece el tráfico."

Plazo de investigación

Tras acreditarse la existencia de un negocio ilícito estructurado —cuyas penas parten en los cinco años y un día—, el tribunal consideró al imputado un peligro para la seguridad de la sociedad y decretó la máxima medida cautelar, fijando un plazo de 60 días para el cierre de la investigación penal.

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